La ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez, consideró como una amenaza las declaraciones emitidas por el fiscal general, Jorge Chavarría, luego de que el Gobierno emitiera una nueva circular que permitirá la salida de reos reincidentes, para reducir el hacinamiento en las cárceles.
El Ministerio alega que el nuevo oficio responde a la resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, del 17 de marzo, que los obliga a egresar a 380 reos en los próximos dos meses.
Este jueves, Chavarría dijo a La Nación que se tomarán medidas como evitar los procesos abreviados y solicitar penas altas en caso de que el Ministerio de Justicia "no tenga la disposición de revisar y ajustar" los criterios que actualmente se usan para dar beneficios a los presos.
Un día después, la jerarca de Justicia envió un comunicado de prensa en el que sostiene que las afirmaciones del fiscal son "una desafortunada intromisión y una amenaza inadecuada".
"Me produce una gran preocupación que el señor Fiscal General de la República amenace con limitar la aplicación de los institutos legalmente establecidos, si el Ministerio de Justicia no desatiende la orden de un juez de ejecución de la pena".
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Sánchez agregó que la objetividad del Ministerio Público se ve comprometida con la reacción de Chavarría.
El 5 de abril, Justicia emitió un oficio que permite la salida al régimen semiabierto de reclusos con dos condenas por delitos menores. También se dejará salir a quienes no tengan trabajo y a quienes cumplan su pena en siete años o menos.
Con la circular anterior, de fecha 24 de agosto del 2015, Justicia solo reubicaba a presos con una condena. Otros dos requisitos eran tener una opción laboral y cumplir la pena en menos de cinco años.
Este oficio generó molestia en diputados de siete fracciones legislativas, quienes este jueves mandaron una carta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para pedirle que frene "la política de liberación masiva de reos". Únicamente el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio desistieron de firmar esa misiva.
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'Respetan la decisión'. Mientras los legisladores y el fiscal general reprochan la circular, la Defensa Pública avaló la nueva disposición de Justicia.
Esa entidad informó, en un comunicado de prensa, que "respetamos las decisiones y acciones de las autoridades competentes para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad".
En el documento enviado, la Defensa Pública señaló que al Ministerio no se le ha dotado de recursos financieros "suficientes para atender con recursos humanos e infraestructura las necesidades de la población".
Además, añadió, el incumplimiento de las resoluiciones de los jueces de ejecución podría traer responsabilidades penales y civiles para los jerarcas de Justicia y condenas internacionales para el Estado.