Migración deportó a mecánico juzgado por helipuertos

Un mecánico de aviación oriundo de Colombia, juzgado por el caso de los helipuertos, fue deportado por la Dirección General de Migración y Extranjería el 14 de octubre pasado.

Ello, pese a que tenía pendiente una audiencia de apelación de su sentencia absolutoria, la cual habría sido ayer.

El extranjero responde a los apellidos Ramírez Sánchez y fue apresado el 4 de noviembre del 2013 durante un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD), en Asturias de Pococí.

Ese día también fue detenido un costarricense apellidado Vega. A ambos les dictaron seis meses de prisión preventiva. Cumplido ese periodo, fueron liberados por un juez del Juzgado Penal de Pococí, quien dictó un sobreseimiento.

Yocnan Murillo, director de la Policía de Migración, manifestó que el foráneo estuvo detenido dos veces en el centro de aprehensión de Hatillo. La primera fue del 2 de mayo al 2 de junio; la otra, del 16 de setiembre al día de su deportación.

Junto a dos oficiales de la Policía de Migración, fue llevado en vuelo comercial hasta Colombia, donde quedó en libertad.

Según la oficina de prensa de la Fiscalía, el mecánico fue deportado por presentar una condición migratoria irregular.

La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada tenía previsto realizar la audiencia ayer, a las 8:30 a. m., en el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José.

Sin embargo, a la cita solo acudió el imputado de apellido Vega. También se ausentó el abogado de ambos, de apellido Badilla.

Lo que sigue. Ahora, el Tribunal de Apelación se pronunciará por escrito para resolver el caso. En caso de que no den la razón a la Fiscalía, el caso queda en absolutoria. Si se ordenara un nuevo debate, el Tribunal de Juicio de Pococí enviaría una notificación a la dirección que dio el colombiano en su momento.

Si no aparece, se dictaría una orden de captura internacional.

Por medio del expediente 13-000442-1219-PE, se acusó a Vega y a Ramírez por los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales de $48.000 y $4.000 en dos sitios diferentes, y acopio de armas prohibidas.

El recurso de apelación presentado por la Fiscalía se fundamentó en varios puntos: la falta de fundamentación por ausencia total de valoración de prueba y la inconformidad jurídica, por una interpretación errónea del delito de legitimación de capitales. También se argumentó que la fundamentación fue contradictoria, ya que el Tribunal descartó la posibilidad de probar los delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales acusados.