Error deja al descubierto fallas de Fiscalía en caso de reaseguros

Se trata de dos informes internos que elaboró Rivera para el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, pero que fueron incorporados por ella al expediente judicial y, por tanto, conocidos por todas las partes del proceso.

Los documentos señalaron, entre otras cosas, debilidades en la acusación, pues no describe conductas de cada uno de los imputados; retrasos porque durante mucho tiempo la investigación no avanzó y carencias, pues se dejó prueba importante de lado.

Este hecho se dio durante la audiencia preliminar, que se realizó entre setiembre y diciembre del 2013, en el Tribunal Penal de Hacienda, que funciona en los Tribunales de Goicoechea.

Precisamente, ese Tribunal debe decidir, en los próximos días, si el caso es elevado a juicio o se dicta a favor de los imputados un sobreseimiento.

Recuento. Este caso tiene que ver con dos asuntos. Uno el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002.

El otro está relacionado con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis, durante el año 2001.

Como imputados figuran Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República; Cristóbal Zawadzki Wojtasiak, expresidente del INS; Álvaro Antonio Acuña Prado, exjefe de Reaseguros del INS; Gilda Montes de Oca (la esposa de Zawadzki); Roxana Cordero Bogantes (la esposa de Acuña), y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Asimismo, fueron acusados los funcionarios del ICE: Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara Molinari y Roberto González Chinchilla.

A todos, el Ministerio Público les atribuyó el delito de peculado, que se da cuando hay sustracción de bienes públicos.

Reacciones. Christian Arguedas, uno de los defensores del exgobernante Rodríguez, consideró que la Fiscalía debió ser objetiva y “sabiendo que no hay pruebas, debió solicitar un desestimiento y no acusar. Lo que hizo fue trasladar la responsabilidad al juez para que sea ese funcionario el que absuelva a Miguel Angel (Rodríguez), porque ¿cómo va a justificar el Ministerio Público a la gente tantos años de investigación?”.

Por su parte, Edgardo García, abogado de Zawadzki, dijo que la falta de claridad y precisión en la acusación, así como no lograr que se incorporara la prueba que se trajo de Panamá, de manera legal nunca fueron subsanados y por tanto el asunto no deberá ir a juicio

Erick Gatgens, representante del INS en el proceso, estimó que los documentos lo que contienen son opiniones “que a lo largo del proceso se han venido subsanando”.

Posición fiscal. La oficina de prensa de la Fiscalía comunicó ayer que el atraso en la investigación ocurrió durante el periodo previo a que asumiera el actual Fiscal (Jorge Chavarría), razón por la cual desconocían lo sucedido.

Sin embargo, se aclaró que aquel momento la Fiscalía de Delitos Económicos, la cual tramitó el asunto, estaba muy saturada de expedientes.

Para la Fiscalía, luego de consultar con la fiscala Gisele Rivera, la acusación que se presentó en la audiencia preliminar “tenía la base argumental suficiente” y, por tanto, se tiene la confianza de que el Tribunal Penal de Hacienda va a elevar el asunto a juicio en los próximos días.