Un costarricense de apellidos Ulate Picado figura como sospechoso de liderar un pequeño grupo de mujeres panameñas, quienes ofrecían a sus propias hijas y sobrinas, con edades de los 4 a los 16 años, para grabar material pornográfico. Asimismo, ellas se encargaban de contactar a otras madres de niñas y jóvenes, en su mayoría de escasos recursos económicos, y les ofrecían entre $30 y $100 (¢19.000 a ¢64.000) a cambio de que las menores fuesen explotadas sexualmente.
El caso lo reveló la Policía Profesional de Migración este jueves, luego de una operación conjunta con la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Policía Nacional de Panamá para detener a Ulate y a dos mujeres canaleras, a quienes se les atribuye el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de menores de edad. Hasta al mediodía, las autoridades de ambos países habían detectado al menos a 14 víctimas de estos hechos.
Aunque se desconoce desde cuándo operaba este grupo, las autoridades indicaron que en diciembre del 2021 ingresó una denuncia sobre los hechos al Ministerio Público de Panamá, el cual de inmediato coordinó con la oficina Homeland Security Investigations de los Estados Unidos. Posteriormente, se integraron en el caso la Policía de Panamá y la Gestión de Investigaciones, así como la Policía Profesional de Migración de Costa Rica, que comenzaron una serie de diligencias de investigación.
“A través de esta operación se resalta el trabajo binacional realizado en total coordinación y colaboración con la Policía de Panamá, en función de la desarticulación de esta organización criminal, pero sobre todo, el rescate y la protección de las personas menores de edad, víctimas de este delito, en una acción inmediata de investigación, análisis y trabajo conjunto”, destacó Alonso Soto, subdirector de la Policía Profesional de Migración costarricense.
En total, se realizaron 12 allanamientos, cuatro en Costa Rica y ocho en Panamá, que permitieron la captura de los sospechosos. En territorio tico los operativos se hicieron en comunidades fronterizas de la zona sur como en el barrio San Jorge, en el residencial El Sahino, en un taller mecánico y en una casa cercana al puesto de control del Servicio Nacional de Fronteras (Senafron) de Panamá.
“Las operaciones de la organización criminal se establecían en Paso Canoas, Corredores, Puntarenas y Panamá (...). El líder, Ulate Picado, se encargaba de coordinar con las panameñas el cruce de la frontera y el ingreso a Costa Rica. Durante la investigación se determinó que las víctimas eran trasladadas desde suelo panameño hasta el límite fronterizo entre Costa Rica y Panamá, sitio en el cual Ulate esperaba, recibía y trasladaba a las víctimas hacia el taller mecánico o a una vivienda ubicada en Corredores, ambos sitios allanados, donde se realizaban los abusos sexuales de las personas menores de edad y se grababa material con contenido pornográfico”, explicó la Policía Profesional de Migración.
El sospechoso de estos hechos será presentado en los Tribunales de Justicia de Corredores y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Este delito es castigado con una pena de prisión de ocho a 16 años con agravantes, en los cuales resaltan que las víctimas son menores de edad y fueron tratadas por las madres, siendo estas familiares en primer grado de consanguinidad. No se descartan más detenciones en relación a este caso.
La trata de personas es un delito, el ser humano no está a la venta. Denuncie a los números 2106-4005, 2106-4001 y 6163-2096 (WhatsApp) así como al correo denunciatrataytrafico@migracion.go.cr, de la Policía Profesional de Migración.