La Sala Constitucional realizará una audiencia pública el martes 28 de setiembre, para recabar información de primera mano que permita resolver un recurso de habeas corpus presentado por los ministerios de Justicia y Salud, sobre el uso de espacios de aislamiento por covid-19 en centros penitenciarios.

La audiencia oral, pública y virtual se llevará a cabo por medio de la aplicación Microsoft Teams a las 9 a. m. y se transmitirá por el perfil de Facebook del Poder Judicial.

Los jerarcas de Justicia, Fiorella Salazar, y el ministro interino de Salud, Pedro González, cuestionaron las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que impiden el aprovechamiento de espacios de aislamiento dispuestos para la prevención de la covid-19 en el sistema penitenciario.

En ese habeas corpus, presentado el 7 de setiembre, los ministros alegan que las decisiones del citado Juzgado para que no se traslade a los reos a las instalaciones habilitadas por Adaptación Social, ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad de la población privada de libertad. Justicia se refiere a unos 400 espacios de aislamiento disponibles, distribuidos entre el gimnasio de la UAI Reinaldo Villalobos, en Alajuela, o el CAI San José, mejor conocido como San Sebastián.

El objetivo de la audiencia es tener en un mismo escenario a todas las partes que han protagonizado en las últimas semanas un estira y encoge en relación con la viabilidad o no de que se utilicen espacios de aislamiento para descongestionar las saturadas cárceles y las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La población interesada en conocer lo que ocurre tendrá el criterio de los jerarcas de Justicia y Salud y de otras 10 personas directamente relacionadas con esta problemática.

Se trata de Juan Carlos Alvarado, juez de ejecución de la pena de Alajuela, quien es la parte recurrida, así como de varios coadyuvantes pasivos que son: el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexánder Solís; el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto y Nils Ching, en su calidad de subdirector de la Policía Penitenciaria.

En esa misma categoría estarán Daisy Matamoros, directora de la Policía Penitenciaria; María Devandas, en su condición de ministra a.i. de la Presidencia y Diana Posada, delegada para la atención de la pandemia en el Sistema Penitenciario.

Otro participante de esta audiencia, en calidad de coadyuvante pasivo, será Danicio Fernández, defensor público de Alajuela.

Por último, y con el fin de que realicen sus aportes como prueba para mejor resolver, se convocó al director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Róger Víquez Gairaud, y al director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza.

Estos últimos se referirán a la situación actual de las personas privadas de libertad, tanto indiciados como sentenciados, con ocasión de la decisión jurisdiccional objetada en este recurso de habeas corpus, el cual se tramita bajo el expediente 21-017649-0007-CO.

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Audiencias poco usuales

La audiencia es procedimiento establecido en el artículo 10 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Aunque en acciones de inconstitucionalidad es muy usual que los altos jueces acudan a este tipo de audiencias, es poco usual que lo hagan en recursos de amparo y habeas corpus.

De hecho la primera que se realizó, tuvo lugar el 20 de mayo del 2020, y se originó a raíz de un recurso de amparo presentado por un privado de libertad contra el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, la Dirección General de Adaptación Social, y los ministerios de Salud y Justicia.

El objetivo de esa vista fue realizar consultas sobre los lineamientos y protocolos establecidos por las autoridades de Justicia para la protección y atención de la población penitenciaria, ante la emergencia sanitaria producida por la covid-19.