Mujeres absueltas por tráfico de niños vivieron 14 años de tormento: ‘Uno está a un hilo de perder su libertad’

En el 2008 se les vinculó con una supuesta banda que obtenía ganancias económicas dando bebés en adopción al margen de la ley. 14 años después, el mismo fiscal que heredó el caso solicitó la absolutoria a favor de Nuria Calvo Fajardo y Roxana Alvarado Salazar, de 73 y 71 años respectivamente, quienes trabajaban en la Clínica de Pavas.

Ellas relataron a La Nación esta tormentosa etapa en sus vidas, en la que debieron estar tras las rejas durante 24 horas, cambiarse de trabajo y pensionarse más pronto con un monto menor.

“A cualquiera le puede pasar, me pasó a mí, y me estaban acusando de algo tan terrible. Uno está a un hilo de perder su libertad”, comentó Roxana.

El calvario inició en el 2005, cuando una joven embarazada en condición de pobreza se acercó a la clínica porque quería dar a su bebé en adopción, y fue atendida por Nuria y Roxana. Ellas fueron el vínculo entre esta joven, otra empleada de la clínica y una pareja de italianos dispuesta a adoptar al niño.

“Ella (su compañera de trabajo) había escuchado de la muchacha, que andaba regalando el chiquito y trajo a una pareja de italianos que eran conocidos de su hermano, ellos habían hecho un curso en el PANI para adoptar, contaban con el aval del PANI. Ellos tenían cinco años esperando que les dieran un bebé y no lo habían conseguido”, contó Nuria.

Inicialmente, la muchacha dudó y prefirió no dar el bebé en adopción. Pero tiempo después, su situación social y familiar empeoró, y retomó el contacto con las dos trabajadoras sociales.

“Nosotras le propusimos en todo momento que lo entregara al PANI, que viniera y lo habláramos con el PANI, pero ella se negaba rotundamente, tenía una idea del PANI muy negativa”, señaló Nuria, antes de pedir que llamaran de nuevo a los italianos.

La adopción se concretó, pero días después, la madre que dio el niño en adopción les dijo a Nuria y Roxana que las iba a demandar porque ellas le habían vendido al bebé.

“Ahí es donde comienza la parte dura para nosotras, porque ella va y nos acusa”, contó Nuria, pues al parecer, la joven iba a recibir un monto por esta adopción, sin embargo, no quedó claro a lo largo del juicio si efectivamente ella recibió el dinero.

Según Nuria, esta pareja realizó el trámite a través de un abogado de apellido Soler que estaba siendo investigado por formar parte de dicha red de tráfico. Eso fue suficiente para que las dos mujeres quedaran envueltas en el embrollo y fueran arrestadas en el 2008 junto a otras 12 personas, mientras el bebé de la joven era entregado a la mamá de ella.

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Los allanamientos simultáneos se ejecutaron en Moravia, Pavas, Hatillo, Escazú, Curridabat, Atenas, Liberia y en el barrio La California en el centro de San José.

“En el allanamiento me quitaron las fotos de los nietos que yo tengo, que tenían en ese momento 3 y 5 años, y decían que se había encontrado evidencia de que una de las trabajadoras sociales tenía fotos de los niños que estaba ofreciendo”, dijo Nuria.

Aquel 4 de marzo del 2008, Al Día publicó que el entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, “explicó en rueda de prensa que la banda estaba integrada por costarricenses y el líder era un abogado y estaba conformada por una jueza de familia en Liberia y dos trabajadoras sociales de una clínica de Pavas”.

Roxana afirmó que ella quedó en shock cuando supo de lo que la estaba señalando.

“Soy una persona muy justa, muy trabajadora, y de pronto me acusan de algo tan horrible, me acusan a mí de eso, no lo podía digerir”.

Tanto Roxana como Nuria resaltaron el trabajo de su defensora pública, Enriqueta Rojas, que 24 horas después del arresto las sacó de prisión con medidas cautelares, y evitó que las enviaran al Buen Pastor (ahora cárcel Vilma Curling), pues no podían permanecer muchos días en las celdas judiciales.

Como medida de seguridad, ellas fueran trasladadas a la Clínica de San Rafael Abajo de Desamparados, donde trabajaron hasta su jubilación temprana, hace cerca de diez años, pues no se sentían emocionalmente aptas para continuar con sus labores.

Roxana se sentía fuera de lugar en su nuevo lugar de trabajo, e incluso le costaba salir a la calle sin preocuparse por lo que las otras personas pensaran de ella. “¿La gente cómo me verá? ¿Como algo muy malo, muy dañino? Sentía vergüenza, ¿de qué? ¿Por qué? Pero lo sentía”.

En noviembre del 2010, Roxana enfrentó otro fuerte golpe cuando su hija embarazada de 27 años falleció atropellada a unos 400 metros de su casa cuando volvía de la universidad, donde estudiaba informática.

Pero no todo fue infortunio para Roxana, y el caos también dio paso a un acto de amor. Después de la muerte de su hija, Roxana le abrió las puertas a un niño de 6 años que conoció a través de su trabajo, pues él no encontraba una familia que lo adoptara.

“Yo lo conocí en el trabajo y él me llamaba, y otras chiquitas me llamaban, pero yo no podía atenderlos porque estaba muy deprimida por la situación, pero luego una compañera me decía que fuera a verlos y yo estaba ratillos con ellos para ver si me podía quitar ese dolor”, indicó Roxana.

El niño luego otorgó el número de Roxana para que una psicóloga del PANI hablara con ella, y ella le sugirió adoptarlo, porque el menor ya se consideraba en abandono y tenían que trasladarlo a un albergue, a lo que Roxana accedió.

El fin del tormento

El asunto por el que fueron acusadas se esclareció este 27 de setiembre cuando los jueces determinaron que en este caso, la historia relatada durante el debate era muy diferente a la acusada.

“No es una historia de explotación de un niño, sino de resguardo a su condición de vida con miras a proporcionar a una criatura lo que todo niño debería tener, techo, alimentación, abrigo, educación y sobre todo un hogar lleno de amor, guía y protección”, concluyó el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que aún tramita el proceso penal de los otros imputados.

Ese veredicto les quitó un peso que Nuria y Roxana cargaron en sus hombros por más de una década, y que lograron soportar gracias al apoyo incondicional de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Roxana relató que una señora se le acercó en la calle y la abrazó, externándole empatía por todo lo ocurrido.

La gestión de recursos humanos de Coopesalud, encargada de administrar la Clínica de Pavas, envió a sus empleados una misiva que demuestra el respaldo a sus extrabajadoras, “quienes, como resultado de su trabajo y compromiso social pero, sobre todo, de un trabajo mal realizado por parte de las instancias referidas, se vieron sometidas a una situación inmerecida que, gracias a Dios y a su perseverancia, ha terminado”.

Ahora, Nuria recuerda que apenas las liberaron de las celdas, empezó a escribir un libro como desahogo emocional, donde relata su experiencia. Ella no cree que pueda publicarlo, y le dejaría esa tarea a sus hijos o nietos. Si se llega a publicar, afirmó que el título podría ser “Justicia a la tica”.

Mientras tanto, el hijo adoptivo de Roxana ya tiene 15 años, y la acompaña en una jubilación que al fin puede disfrutar en paz, sin pasar sus días entre jueces y abogados.