EscucharSantiago, Puriscal. Un operario de construcción, quien manejaba ebrio, afronta un juicio como sospechoso de atropellar y matar a un vendedor de frutas.
El debate contra el imputado, de apellido Marín y 57 años, empezó ayer en Santiago de Puriscal, dirigido por el Tribunal Penal de Pavas.
El fallecido fue Gerardo Elizondo López, quien tenía 54 años.
El accidente ocurrió el 21 de marzo del 2011, a eso de las 11:45 a. m., en la ciudad de Santiago.
Según la Policía, el resultado de la alcoholemia practicada al conductor dio 2,54 gramos de alcohol por cada litro de sangre, por encima del máximo permitido de 0,75.
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Testigos y la viuda de la víctima hablaban ayer con el abogado representante de la familia, Carlos Rodríguez, en Santiago, Puriscal. | MARVIN GAMBOA
Atropello. De acuerdo con la acusación y la querella, la mañana en la que ocurrió el atropello Elizondo se encontraba descargando unas frutas de un camión estacionado en la carretera, a un costado de la iglesia católica de Santiago de Puriscal.
Supuestamente, por el carril contrario viajaba el imputado en un microbús negro.
Al parecer, cuando Marín se acercó al vendedor de frutas se pasó de carril y lo atropelló.
La parte demandante aseguró que el hombre quedó prensado entre la buseta y el camión y que, como consecuencia, sufrió diversos traumas que le causaron la muerte inmediatamente.
Reclamo. Entre los testigos de este caso están tres hombres que habían llegado en el camión a entregar las frutas en el puesto que tenía la víctima. Ayer, ellos dieron su testimonio ante los jueces.
Eddy Vargas Artavia, chofer del camión, afirmó que la camioneta invadió el carril y colisionó su carro por detrás. Su padre, Alexánder Vargas, contó: “Mi hijo y yo nos acercamos al conductor y este solo nos dijo: ‘Yo no quiero problemas con nadie’”.
Este último testigo aseguró que pudo sentir el olor a alcohol.
Ayer también se recibieron los testimonios de oficiales de tránsito y de familiares.
La familia es representada en este caso por el abogado Carlos Rodríguez.
Los parientes hicieron un reclamo de ¢130 millones por el daño moral y psicológico sufrido.
