Limón. Posibles anomalías en la construcción de una plazoleta marina en el tajamar de Limón son investigadas por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Como parte de las pesquisas que arrancaron el 17 de enero del 2012 , ayer fueron allanadas diversas dependencias en la Municipalidad de Limón y las oficinas de la empresa Excavaciones Araya, ubicadas sobre la ruta a Moín.
La oficina de prensa de la Fiscalía informó de que en este caso figuran como sospechosos el alcalde de Limón, Néstor Mattis, y los representantes legales de la empresa, una mujer de apellido Araya y su esposo, de apellido Bell.
Los delitos que se les podría atribuir son infracción al Código de Minería, contratación irregular, peculado y malversación de fondos.
La abogada de la Alcaldía de Limón, Alba Iris Ortiz, al tiempo que dijo que están a las órdenes de las autoridades, alegó desconocer los cargos hechos por la Fiscalía.
“Esa obra es uno de los componentes del proyecto Limón Ciudad Puerto y se inició en noviembre del 2011, pero ante la denuncia planteada se paralizó y se anuló la contratación”, afirmó Ortiz.
En tanto, Juan José Picado Herrera, abogado de la empresa Excavaciones Araya, dijo que durante el allanamiento colaboraron con las autoridades.
“Se les entregó toda la documentación que tiene que ver con la contratación. Se había participado en una licitación y se entregaron facturas timbradas. Todo está reportado a Tributación Directa. No tenemos absolutamente nada que esconder. Incluso, cuando llegaron les abrimos el portón para que hicieran la revisión”, dijo Picado.
Caso. La pesquisa por este caso se inició cuando las autoridades recibieron en febrero del 2012 una denuncia anónima, según la cual, presuntamente, el alcalde de Limón realizó una contratación directa a la empresa Excavaciones Araya para extraer material y colocarlo en el tajamar, ubicado frente a los edificios de los Tribunales de Justicia de Limón, con el fin de construir una plazoleta marina, llamada Plaza Cacao.
Las oficinas de prensa de la Fiscalía y del OIJ informaron de que a la empresa se le pagaron cerca de ¢7 millones y las obras nunca fueron terminadas.
Además, las autoridades dijeron que la construcción comenzó sin el visto bueno de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), sin que se hiciera un estudio ambiental y que los materiales suministrados por la empresa Excavaciones Araya, supuestamente, fueron extraídos del río Peje, en Río Blanco de Limón.
Asimismo, presuntamente, para los pagos se hizo una modificación presupuestaria en la Municipalidad sin que fuera comunicada al Concejo.