Corte Plena: Proyecto para eliminar la DIS violentaría división de poderes

El proyecto de ley para eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), violentaría la división de poderes, al trasladar al Poder Judicial labores de inteligencia que les corresponden al Poder Ejecutivo, determinó la Corte Plena.

Así lo señala el informe presentado por el magistrado suplente William Serrano, en representación de la magistrada Sandra Zúñiga, el cual señaló que el expediente 24.094 sí afecta al Poder Judicial.

Como fue acogido sin mayor objeción por la Corte, necesitará, al menos, de 38 de 57 votos en la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.

La DIS es un cuerpo policial que opera como “órgano informativo del presidente de la República en materia de Seguridad Nacional”, dice la ley que lo creó.

El texto para eliminar esa Policía lo presentó la fracción del Frente Amplio, el 13 de diciembre del 2023, y pretende reformar la Ley General de Policía (la cual creó la DIS en 1994) para que todas las funciones de la DIS sean trasladadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

También propone que todas las plazas de la DIS sean trasladadas a Seguridad, para que las reparta entre sus cuerpos policiales con base en criterios técnicos.

Además, se le pasarían a Seguridad todos los bienes, equipos y activos públicos, así como archivos y expedientes, los cuales tendrían que ser remitidos al Ministerio Público en caso de que impliquen investigaciones penales.

LEA MÁS: Jorge Rodríguez respalda uso de la DIS para ‘entender’ cómo se filtró orden girada en Consejo de Gobierno

En su exposición de motivos, el proyecto indica que la DIS “es un cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas, con poco respeto al Estado democrático y social de derecho”.

“A través de los años los resultados de la gestión de la DIS cada vez son más criticados por amplios y diversos sectores de la sociedad costarricense, que han llevado a cuestionar su existencia y a considerarla un peligro para la democracia”, señala el texto. La DIS, como tal, es un cuerpo policial manejado directamente por la Presidencia de la República.

El informe de Zúñiga cuestionó algunos puntos del proyecto, pues se le trasladaría al OIJ competencias de prevención e inteligencia, funciones que por ley no le corresponden a la Policía Judicial, pues esta solo es encargada de investigación.

Al asumir estas competencias, el OIJ tendría que rendirle informes al Poder Ejecutivo sobre posibles riesgos de seguridad, lo cual violentaría la división de poderes.

Indicó que la división de poderes se vería vulnerada por la propuesta de que el OIJ coordine con Seguridad para el traslado de las funciones de la DIS.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves pidió a DIS revisar teléfonos de ministros, revela exjerarca

De igual forma, el informe consideró contradictoria las propuestas de que todas las funciones pasen al OIJ, mientras que las plazas se muevan al Ministerio de Seguridad para que este las asigne con base en criterios técnicos.

“Este artículo, al menos de una manera contradictoria, ya condiciona a una serie de cuestiones técnicas, pero no refiere cuáles serán, qué se debe tomar en cuenta, y cómo el Ministerio de Seguridad debe asignar estos recursos de acuerdo con criterios de idoneidad”, dijo Serrano.

“Se pone un objetivo a seguir, pero no se concreta, diciendo que tanto el Poder Ejecutivo como Judicial deben realizar convenios”, agregó.

El magistrado expuso en sus conclusiones que el traslado de funciones al OIJ implica una carga presupuestaria, sobre la cual no se detalla en el proyecto de ley.