Caso Sergio Rojas: ONU lamenta cierre de caso de asesinato de ambientalista indígena

La ONU ve con “preocupación” que no se realizaran investigaciones con “pertinencia” y que el Ministerio Público no brindara elementos suficientes y sólidos para buscar juzgar a los responsables.

En marzo del 2019, Rojas fue asesinado con arma de fuego por desconocidos en su casa de la comunidad de Yery, en el territorio indígena de Salitre.

El líder indígena, que contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), era un activo defensor de la recuperación de tierras indígenas en manos de grandes agricultores y había enfrentado varias amenazas de muerte desde el 2015.

El pasado 8 de enero, la justicia costarricense dictó el sobreseimiento definitivo en favor de los tres imputados por el homicidio, aunque existe aún posibilidad de apelación.

La ONU pidió al Poder Judicial costarricense redoblar esfuerzos y recursos para que, en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas, las pesquisas sean conducidas rápidamente y recordó al Estado su ratificación de tratados internacionales que lo comprometen a resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden sus derechos.

Entre los casos pendientes está el de Jehry Rivera, quien también fue asesinado a balazos durante una recuperación de tierras, en febrero del 2020.

Según datos de Naciones Unidas de abril del 2021, en Costa Rica residen más de 104.000 personas indígenas, pertenecientes a ocho pueblos originarios.

Ante dicha resolución del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur de Buenos Aires, el Grupo de Trabajo de Agenda CEDAW, un colectivo que agrupa a varias organizaciones de mujeres, solicitó que se tomen las acciones pertinentes ante este resultado, pero sobre todo, que se asegure que se continuará con la investigación penal por el homicidio de Sergio Rojas.

También, pidieron que el Estado de Costa Rica tome las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte por tratar de recuperar tierras indígenas que están en manos de usurpadores terratenientes.

• Que se apruebe por fin un mecanismo y protocolo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, aquellas defensoras de los pueblos indígenas, territorios, derechos sexuales y derechos reproductivos.
• Que se ratifique el Acuerdo de Escazú, con el compromiso de cumplir a cabalidad con las correspondientes obligaciones.
• Que la Defensoría de los Habitantes investigue esta situación, haga pública la información y que, además, le dé seguimiento a las múltiples solicitudes para la creación e implementación de un mecanismo y protocolo de protección para las personas defensoras de derechos humanos.