Un error de la Fiscalía, que olvidó notificar al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que era uno de los demandados civiles, obligó a suspender la audiencia preliminar por el caso del alud que, en octubre del 2007, mató a 14 personas en Bajo Cacao, Atenas, Alajuela.
La diligencia estaba programada para realizarse ayer en el Juzgado Penal de Atenas, pero poco después de iniciarse, el representante de la Procuraduría, Rándal Aguirre Mena, advirtió del defecto.
El juez Mario Oconitrillo Gamboa suspendió la audiencia, al tiempo que citó a los abogados para el jueves, con la finalidad de definir una nueva fecha para realizarla. Se espera sea programada para enero o febrero del 2012.
Este atraso en la fijación de la fecha cuando el asunto será llevado a juicio, molestó a familiares de los fallecidos y personas que debieron abandonar las casas en el poblado de Bajo Cacao.
Uno de ellos, Rodolfo Medrano, dijo que ya llevan cuatro años de espera. “Somos 25 familias que quedamos de la mano de Dios, pues nos sacaron de las casas y no tenemos dónde vivir”.
Aunque se intentó hablar con la fiscala Marjorie Seas, prefirió no dar declaración al alegar que el asunto todavía está en trámite.
La tragedia en Bajo Cacao ocurrió el 11 de octubre del 2007 cuando se desprendió una porción de terreno que mató a 14 personas.
Además, otras resultaron con lesiones de consideración o perdieron las viviendas y los enseres domésticos.
Recuento. La Fiscalía de Atenas acusó en este caso a la exministra de Obras Públicas y Transportes Karla González y a los exdirectores del Conavi Alejandro Molina Solís y José Gaetano Chacón Laurito.
También incluye al alcalde municipal de Atenas, Wilbert Aguilar Gatgens; los empresarios Reinaldo Hernández Durán y José Martín Irías Hernández, y el ingeniero Luis Carlos Gómez Pasos.
A los siete imputados se les vincula con los delitos de homicidio culposo, desastre culposo y lesiones. Asimismo, a González, Molina, Chacón y Aguilar se les atribuyen los delitos de incumplimiento de deberes. El alcalde está acusado de abuso de autoridad.
Alexánder Rodríguez, defensor de Karla González Carvajal, manifestó que la suspensión de la audiencia es uno “de los múltiples errores” en que ha incurrido el Ministerio Público en este proceso. “El caso se le salió de las manos pues no está preparado para enfrentar un asunto tan complejo”.