Sucesos

‘Nos fuimos cuando nos dijeron que nos matarían’

Actualizado el 29 de abril de 2013 a las 12:00 am

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                         Eduardo Máximo Miranda muestra un mensaje que un grupo militar dejó en su apartamento en México, luego de destruir el inmueble, el 2 de marzo del 2010, mientras él estaba en prisión preventiva aquí. | ADRIANA ARAYA.
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Eduardo Máximo Miranda muestra un mensaje que un grupo militar dejó en su apartamento en México, luego de destruir el inmueble, el 2 de marzo del 2010, mientras él estaba en prisión preventiva aquí. | ADRIANA ARAYA.

El 8 de enero del 2010, un policía judicial alertó al exfiscal Eduardo Máximo Miranda de que él y María Guadalupe Martínez serían detenidos para ser llevados al cuartel militar de Ciudad Juárez.

Martínez, jefa de la Unidad de Delitos Patrimoniales y Extorsiones, en Ciudad Juárez, se encontraba de vacaciones desde diciembre del 2009.

Según relataron los exfiscales a La Nación durante una entrevista, se fueron de México cuando les dijeron que los iban a matar.

“Nos fuimos cuando nos dijeron que nos matarían, si seguíamos con las investigaciones. Hubo amenazas de muerte, persecuciones que ponían en riesgo mi vida por las investigaciones en las que quienes delinquían era personal que pertenecía a grupos del crimen organizado e infiltrados en la Procuraduría”, dijo Martínez.

Tras la alerta de que ambos serían detenidos, viajaron a Costa Rica: Miranda entró por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, pasada la medianoche del 10 de enero del 2010, y Martínez lo hizo hacia la 1:50 p. m. por la misma terminal.

“Nosotros no veníamos huyendo por la comisión de algún delito, no había ningún proceso o investigación en contra de nosotros”, cuenta Martínez.

Cuatro días después, ambos fiscales acudieron a la Embajada de México en Costa Rica y presentaron dos cartas de renuncia como fiscales de la Procuraduría General, y entregaron sus gafetes y placas metálicas.

Los funcionarios explicaron en dos oficios dirigidos a la procuradora general de ese momento, Patricia González, que se iban porque pretendieron involucrarlos en actos irregulares dentro de la institución, además de que recibieron amenazas de muerte por las investigaciones que llevaban a cabo.

Según dicen, la Embajada avisó a las autoridades mexicanas de la renuncia y, al día siguiente, se emitió una orden de captura, primero a nivel local y, luego, internacional para detener a los exfiscales, a quienes atribuyen los delitos de peculado, retardo de justicia y abandono de servicio.

Los exfiscales sostienen que sus investigaciones sobre el crimen organizado involucran a una exjefa de la Procuraduría General, a un gobernador y a un jefe del Ejército mexicano, y que, por eso, ellos los persiguen para que callen.

Máximo Miranda señala que, mientras descontaba prisión en Costa Rica, el 2 de marzo del 2010 un grupo vestido de militar destruyó su apartamento en México y se llevó a su secretario.

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Ambos exfiscales sostienen que sus compañeros de trabajo más cercanos fueron asesinados.

Según contaron al Tribunal Administrativo Migratorio, el expolicía Jaime Frías Puentes fue ultimado en febrero del 2009 y el investigador Francisco Lazarín Núñez , en octubre del 2009.

Por otra parte, mencionaron el homicidio del coordinador de Asuntos Internos de la Zona Norte de México, Mario Rodríguez, en marzo del 2010, y el de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, en julio del 2010. Ambos investigaban las supuestas irregularidades de Martínez y Miranda.

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