Diez policías penitenciarios del ámbito de Máxima Seguridad de La Reforma son los principales sospechosos de asesinar al preso Joehl Guillermo Araya Ramírez, de 46 años, líder del intento de fuga ocurrido el 11 de mayo.
Hernando París, ministro de Justicia, los suspendió ayer del cargo durante tres meses por su posible vinculación al delito. Esto para facilitar la investigación.
París explicó que será el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el que determine si todos los custodios separados participaron o no en el crimen .
Jorge Rojas, director del OIJ, evitó ayer hablar directamente de los sospechosos, pero confirmó que hay una línea de investigación que apunta a los custodios.
“Lógicamente estamos en eso porque es una muerte homicida y él (Joehl) estaba encerrado en una celda, sobre eso tiene que andar el tema”, añadió.
Araya apareció muerto en su celda el domingo 22 de mayo, 11 días después de encabezar un intento de fuga en el cual murieron dos reclusos y un custodio. El OIJ confirmó ayer que Araya falleció como consecuencia de un golpe contundente en la cabeza.
Según el certificado de defunción que la Medicatura Forense entregó a la familia del reo, Araya murió entre las 6 a. m. y 8 a. m.
Presentaba dos hematomas (acumulaciones de sangre) entre el cerebro y las meninges (membranas que recubren el cerebro).
Uno de los hematomas fue provocado entre ocho y 15 días antes del deceso (en los días de la fuga) y el otro, que fue el mortal, horas antes de que lo hallaran sin vida.
Rojas explicó que los golpes pudieron ser dados con un objeto; sin embargo, ese hecho aún no se ha determinado. Producto de las lesiones el cerebro sufrió presión y se le formó un edema (hinchazón).
El especialista en cuidados intensivos, Óscar Palma, explicó que un paciente en esas circunstancias puede sufrir primero dolores de cabeza, alteraciones del estado de conciencia, somnolencia y finalmente un coma.
Seidy Granados, esposa de Araya, comentó que el preso se quejaba de dolores de cabeza unos días antes de morir.
El fiscal general, Jorge Chavarría calificó la muerte de Araya como “un hecho muy grave”. Garantizó que la Fiscalía trabajará para establecer las responsabilidades del caso y lograr la condena de los autores del homicidio.
“El Estado de derecho debe funcionar para todos, independientemente de los antecedentes. Tan grave es la participación de Araya en el intento de fuga como lo que le pasó”, aseveró.
Estos delincuentes tenían llaves de los candados de 18 celdas, armas y celular, los cuales, sospecha el OIJ, habrían sido aportados por funcionarios del mismo penal.
Dos días antes de que falleciera, Araya –condenado en el 2006 a 65 años por una fuga con homicidio de un custodio en el penal–, interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV en el cual denunció que él y sus compañeros fueron “brutalmente golpeados” por policías penitenciarios después del intento de fuga.
Alegó que, en esa ocasión, quedaron inconscientes debido a la “cantidad de patadas, puñetazos y garrotazos” que les dieron en la cabeza y otras partes del cuerpo.
También afirmó que los amenazaban de muerte. “Se nos ha amenazado diciéndonos que ya tienen todo planeado para matarnos, pero que primero nos harán sufrir un tiempo más, lo cual en verdad preocupa”, dijo en el documento.
Jorge Rojas afirmó que los hechos del 11 de mayo no se podían desarrollar “sin el concurso de funcionarios corruptos” y que si un trabajador de cárceles no facilita las llaves el policía penitenciario Francis Morales Fallas no hubiera fallecido en el tiroteo que se dio entre los amotinados y la Policía.
La esposa de Morales, Harlen Jiménez, dijo anoche que todavía no sabe quién hirió a su marido. El OIJ examinó las armas de los policías y reos para determinar de cuál provino el disparo; los resultados no han sido revelados.