‘Nos disparamos en el pie al no invertir en seguridad’, dice Randall Zúñiga, director del OIJ

Durante la presencia de los agentes, solo se registró un homicidio, relacionado con una riña. Sin embargo, una vez que el contingente abandonó el Caribe, los asesinatos se dispararon, culminando el bimestre con 37 crímenes, uno más que en enero y febrero del 2023.

En tan solo 22 días, el equipo enviado por el OIJ para neutralizar al escuadrón de sicarios vinculado con la banda de alias Tony, agotó los viáticos equivalentes a cuatro meses de trabajo ordinario. Esta situación evidencia la falta de recursos financieros del cuerpo policial para llevar a cabo más investigaciones de esa naturaleza. Zúñiga señaló que si el Ministerio de Seguridad, responsable de la prevención, destinara más personal a Limón, se podría reducir la escalada delictiva. “Nos estamos disparando a cada rato en el pie al no invertir en seguridad”, aseveró.

Por el momento, el OIJ asignará 60 plazas adicionales en materia de crimen organizado para Limón, donde hasta ahora la presencia de personal era mínima. Con la aprobación de nuevas contrataciones, destinarán una cuarta parte de estas al Caribe.

Zúñiga resaltó que, a pesar de que Alejandro Arias, conocido como alias Diablo, permanece en libertad, más de 40 personas relacionadas con esa banda narcotraficante fueron detenidas en el último año, con solo cinco investigadores adicionales destinados a la provincia. Con la incorporación de 60 funcionarios más, esperan mejorar la efectividad de las operaciones.

Enfatizó que el objetivo es debilitar a estos grupos criminales, ya que, al expandirse, tienden a recurrir al asesinato de policías, fiscales y cualquier persona que obstaculice sus actividades, sin importar edad o género. Lamentó la falta de cooperación para abordar la criminalidad como lo que realmente es: la principal preocupación de los costarricenses. “Necesitamos acción, más empleo, cultura, deportes y oportunidades, además de una mayor presencia policial en las calles y leyes adecuadas”, expresó.

Zúñiga subrayó que no se trata solo de transferir la responsabilidad a la policía después de que se comete el delito, sino de que el Estado se comprometa en otros ámbitos, ya que, de persistir las desigualdades sociales, la situación seguirá empeorando.

Señaló que ninguna empresa invertirá en cantones como Limón, Matina o Guácimo si no hay mano de obra calificada, dado que muchos niños y jóvenes no completan ni siquiera la educación básica. Según su análisis, en muchos casos se ha perdido la visión de futuro, donde la educación y el esfuerzo conducen a oportunidades laborales significativas. Ahora, el afán de éxito, el lujo y los vicios son predominantes. “No se trata solo de leyes”, afirmó, haciendo referencia al hecho de que, incluso en Estados Unidos, donde en varios estados existe la pena de muerte, los homicidios persisten.

Zúñiga anunció que este año implementarán en los diferentes cantones de Limón el plan denominado 3,2,1, que se traduce en allanamientos rápidos en las ventas de drogas callejeras, casas y algunos locales que usan como fachada otra actividad.

El jefe policial explicó que cada cantón caribeño enfrenta problemas diferentes. En la cabecera, las bandas que trafican cocaína hacia Europa, Estados Unidos y México a través de los muelles son la principal influencia en los homicidios. El año pasado, la mayoría de los 91 asesinatos en ese cantón estuvieron relacionados con bandas dedicadas al tráfico ilícito.

En Matina, donde hubo 50 homicidios, dos grupos rivales disputan territorios locales, mientras que en Pococí, Siquirres y Guácimo, la mayoría de las disputas y muertes están asociadas a la expansión de grupos que vienen, incluso, de otras comunidades. Históricamente, Talamanca ha tenido menos homicidios que el resto de la provincia, y estos suelen estar vinculados a disputas domésticas u otros problemas no relacionados con bandas. Durante este primer bimestre, Talamanca es el único cantón del Caribe sin homicidios.

Según el director del OIJ, continuarán trabajando hasta donde las posibilidades lo permitan, ya que, hasta ahora, han logrado cubrir solo 260 plazas, lo que no es suficiente. Desde 2008 no habían tenido nuevas contrataciones y, en este período, la criminalidad se ha duplicado.