Alajuela. Tres años después del asesinato del reo Johel Araya en el centro penal La Reforma, el Ministerio Público aceptó ayer haber fallado en la investigación y pidió la absolutoria de los 10 policías acusados por ese crimen.
Edwin Retana, fiscal adjunto de Alajuela, reconoció que no hay certeza sobre quién mató a Araya y en qué momento se ejecutó el homicidio.
“Al no tener una certeza, lo que se origina es una duda, porque no existe esa prueba necesaria para poder demostrar que cada uno de los imputados que están aquí, fueron los que cometieron el delito.
”Para el Ministerio Público está muy claro que hubo agresión; hay un golpe mortal que recibe Johel. De acuerdo con la autopsia, hay un periodo, aproximado, en que pudo haber sido producido ese golpe, al no ser un periodo exacto, nos puede ubicar al momento de la fuga, el golpe pudo haber sido producido en ese momento”, comentó el fiscal Retana.
Según Retana, en el debate se presentaron inconsistencias entre el testimonio de los ofendidos y la prueba documental.
“Lo que pasa es que no es tan fácil la investigación y la fase de investigación se hizo en una época que yo no me mantenía en esta fiscalía”, afirmó Retana al ser consultado sobre por qué no se detectaron esas inconsistencias en la etapa preparatoria.
Johel Araya murió el 22 de mayo de 2011, 11 días después de liderar un intento de fuga que terminó con la muerte del policía penitenciario Francis Morales Fallas y del preso Erlyn Hurtado.
El juicio por la muerte de Johel Araya empezó el pasado 28 de abril. La Fiscalía llamó 12 personas a declarar y la defensa convocó a 15 testigos.
Hoy se iniciará la etapa de conclusiones de los defensores.
La Nación trató de conocer el criterio del fiscal general, Jorge Chavarría, sobre este caso, pero su encargada de prensa, Tatiana Vargas, comunicó, en un correo, que el jerarca está fuera del país.
“Para la defensa no es novedoso. Desde que declaró el patólogo forense se determinó la no participación de los imputados en la causa”, comentó Franciny Campos, defensora de uno de los acusados.
“Nos sentimos satisfechos por la petición de la Fiscalía”, añadió.
Por su parte, el Ministerio Público no descarta reabrir el caso más adelante, para tratar de dar con los autores del homicidio.
Impune. Carmen Amador, abogada de la familia de Araya, lamentó que la muerte de Johel Araya no tenga ningún castigo.
“Demasiado grave. Me parece que prueba hay y mucha. Ellos (los acusados) actuaron, de forma conjunta, y, con esto, me refiero a que manejaban pleno dominio del hecho y distribución de funciones”, expresó Amador.
La defensora aseguró que llevarán el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos para su valoración.
También solicitará el pago de ¢290 millones por daño material y moral a la familia de Araya .
Amador criticó que las autoridades no le dieron la importancia al caso por tratarse de un preso.
“No se le está dando la importancia. Yo siempre he dicho que la tortura siempre ha existido en las cárceles”, agregó la abogada.