El Inamu y la Defensoría de los Habitantes se sumaron a las críticas por la eliminación de medidas cautelares a un hombre investigado por la presunta violación de una mujer con retardo mental, en San Ramón, Alajuela.
Estas entidades apoyan la molestia manifestada por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) y la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown).
El enojo se originó por la decisión de la jueza Andrea Vargas de levantar la medida cautelar a un hombre de apellido Arias.
“Nosotros, como ente rector, manifestamos nuestra indignación y oposición ante el levantamiento de las medidas cautelares. Es un irrespeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, enfatizó Adriana Retana, directora ejecutiva del CNREE.
En una carta, el CNREE deja claro que lo que desean reafirmar es que la discapacidad es un asunto de derechos humanos y se han visto menospreciados ante la decisión de la jurista a cargo del caso.
Al malestar de estas entidades se unen la Defensoría de los Habitantes y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
“Lo que decidimos fue acudir a la Corte Plena para que se investigara a la jueza que revocó las medidas cautelares, y si existe alguna irregularidad que se tome una decisión”, dijo Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Inamu, Maureen Clarke, mostró su descontento por la medida tomada por Vargas.
“Es una barbaridad, si él admitió lo mínimo que debe tener son medidas cautelares, eso no puede ser”, dijo la jerarca del Inamu.