Seguridad toleró dos años venta privada de uniformes policiales

El Ministerio de Seguridad Pública toleró durante casi dos años que un particular vendiera uniformes de la Fuerza Pública, a cualquier persona, pese a que la Auditoría Interna advirtió en agosto del 2009 que la distribución de este tipo de ropa es facultad exclusiva del Estado.

El local, situado al frente de la Escuela Nacional de Policía, en el barrio Naciones Unidas, San José, y a solo 50 metros del despacho del ministro José María Tijerino, fue allanado el pasado jueves por la Fuerza Pública, minutos después de que el jefe de ese cuerpo policial, Juan José Andrade, y el director de la Academia Nacional de Policía, Éric Lacayo, se enteraron de que La Nación preparaba un reportaje sobre el tema.

En el sitio las autoridades decomisaron pantalones, camisas, escudos, gorras y varios artículos idénticos a los que usan los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

El negocio pertenece al expolicía Rodrigo Azofeifa, conocido como Chino Fotógrafo debido a que en el mismo local los policías se toman las fotos que requieren para su expediente laboral.

Azofeifa aseguró que la venta la realiza desde hace varios años con el consentimiento de las autoridades. Aseguró que tiene cartas de felicitación del ministro José María Tijerino.

No recuerdan. Cuando a Éric Lacayo se le preguntó el jueves anterior, por teléfono, sobre la venta de uniformes en el local de Azofeifa, respondió que desconocía sobre su funcionamiento.

Sin embargo, en agosto del 2009, el informe de Auditoría había recomendado a Lacayo, en ese entonces jefe de la Fuerza Pública, que se tomaran medidas para cerrar el negocio de Azofeifa.

El informe de la Auditoría se entregó al entonces viceministro de Seguridad, Oldemar Madrigal, a quien se pidió tomar medidas para evitar que continuara la venta de los uniformes en el local de Chino Fotógrafo. Madrigal dijo ayer que no recuerda el informe .

Prometió revisar sus archivos para localizar el documento de la Auditoría y verificar si se tomaron las medidas solicitadas por la Auditoría para frenar el negocio.

Tijerino en el sitio. En agosto del 2010, el ministro Tijerino también fue alertado por la Auditoría sobre el negocio particular con los uniformes policiales.

Tijerino dijo que visitó el local días después de recibir la alerta. “No observé nada perjudicial”, aseveró el funcionario.

Cuestión legal. Según la Auditoría, la venta de uniformes por parte de instancias privadas desvirtúa lo dispuesto en el Reglamento de Uniformes Policiales y Distintivos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública.

“ (...) El no actuar por parte de este Ministerio genera el riesgo de que personas inescrupulosas puedan fácilmente adquirir en el comercio el uniforme e insignias de un funcionario, y suplantar la autoridad que a dicha investidura proporciona la ley, pudiendo causar confusión a terceras personas que no podrán distinguir cuando son policías los que están actuando o delincuentes vestidos de policías, situación que pone en riesgo la seguridad nacional”.