La Policía lanzará en octubre una ofensiva en Talamanca, Limón, para expulsar de la montaña a los cultivadores de marihuana.
Tal anuncio lo hizo ayer el ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, quien el 23 de julio se reunió con seis líderes indígenas, representantes de las etnias bribri y cabécar.
“Lo que denuncian es que foráneos ladinos están usurpando sus tierras para sembrar marihuana. Ese es el germen de las narcoguerrillas”, dijo durante el acto de graduación de 770 policías, en el Teatro Popular Melico Salazar, en la ciudad de San José.
La intención es llevar a cabo un barrido con personal de la Unidad de Montaña de Seguridad Pública, “para desterrar a estos invasores”, expresó Tijerino.
El Ministro aseveró que detrás del cultivo de marihuana hay extranjeros, pero prefirió no referirse a sus nacionalidades.
“Esa gente está talando selva para sembrar marihuana y también está buscando oro”, agregó. “Intimidan a los indígenas. La idea es expulsarlos de las plantaciones e imponer el orden”.
Entre el 2005 y el 2009, Seguridad Pública –en gran parte con ayuda de Estados Unidos– erradicó de las montañas de Talamanca alrededor de 3,9 millones de plantas de marihuana.
Este año ya se han destruido 1,3 millones. El trabajo se ha enfocado más a acabar con las plantaciones, pero Tijerino quiere, con la ofensiva de octubre, recuperar los terrenos de los indígenas.
En conferencia de prensa confirmó el temor de que, si no se actúa, se den las condiciones para el surgimiento de una narcoguerrilla. “Hay zonas de Costa Rica que han cedido su soberanía”, afirmó.
La mandataria estimó que Costa Rica requiere entre 20.000 y 25.000 policías, pero apenas cuenta con poco más de 10.000. Cada policía le cuesta al Ministerio de Seguridad Pública unos ¢6 millones anuales en salarios.
Chinchilla añadió: “Con los recursos del Ministerio de Seguridad no alcanza para esa cifra (de policías). Con los impuestos que gestionamos (en la Asamblea Legislativa) sí podríamos hacerlo”.
Recientemente, el Gobierno revivió un proyecto de ley cuyo propósito es la creación de un impuesto de $200 anuales a las sociedades anónimas para financiar planes de seguridad ciudadana.
Ese tributo generaría unos $220 millones al Estado.
Otros 91 eran agentes policiales que tenían nombramiento, sacaron su tercer año de secundaria y aprobaron el curso básico policial.
La presidenta Chinchilla recordó a los graduandos que en sus inicios (hace 15 años) los policías de la academia eran marginados en las unidades policiales.
“Los costarricenses sufrimos el impacto de delincuencia violenta y organizaciones criminales que nos han dejado un legado de desconfianza. Profesionalizar a la Fuerza Pública era un imperativo para nuestro país”, manifestó.