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Emilio Bruce declaró como testigo en la causa Caja-Fischel. Esta semana se libró de la causa tributaria. | ARCHIVO. (Abelardo Fonseca)
El pago de ¢4.108 millones al Estado evitó que cuatro personas que tuvieron o mantienen vínculos con la Corporación Fischel fueran llamadas a juicio por defraudación fiscal.
La reparación integral del daño favoreció a los representantes legales de la subsidiaria O. Fischel R., Emilio Bruce Jiménez y Wálter Reiche Fischel, al exgerente financiero Olman Valverde Rojas y al exgerente de esa compañía, “hija” de la Corporación, Marvin Barrantes.
Reiche y Bruce todavía tienen acciones de Fischel. La Procuraduría y la Fiscalía presentaron la denuncia en octubre.
Acusaron que la empresa dejó de reportar parte de las comisiones obtenidas luego de que la CCSS adjudicara una millonaria compra de instrumental médico a la empresa Instrumentarium Medko Medical, de Finlandia.
Con eso dejaron de pagar impuestos sobre utilidades y renta durante los períodos 2003 y 2004.
“A raíz del juicio Caja-Fischel, se llegó a determinar que subsidiarias (de la Corporación) recibieron una comisión del 22% sobre el monto total del empréstito Finlandia. Sobre esas sumas de dinero la compañía declaró unas cifras bajísimas.
“Por eso abrimos un proceso penal para cobrar las obligaciones tributarias”, explicó anoche el procurador Rónald Víquez.
El Ministerio de Hacienda efectuó sus cálculos e incluyó un monto de $600.000 por concepto de daño social. También se incluyeron las costas del proceso.
Los defensores convinieron con sus representantes cancelar el monto. “El acuerdo es favorable para los intereses del Estado. Era una deuda que existía y la ‘maría’ tributaria corría todos los días.
“Por eso se buscó una salida, pues además existía un riesgo penal”, comentó el abogado Francisco Campos, representante legal de Wálter Reiche.
Parte del monto se canceló con fondos del fideicomiso de garantía establecido por personeros de Fischel para hacer frente a cualquier obligación derivada del proceso.
El procurador Víquez confirmó que el dinero ya ingresó a las arcas estatales. El funcionario consideró un logro que se incluyera un rubro por daño social, pues confirmó la tesis que a lo largo del debate Caja-Fischel, expuso la Procuraduría General.
Tres de las personas acusadas por la defraudación figuraron como acusadas en la causa CCSS-Fischel. Reiche (sentenciado a cuatro años de cárcel) y Barrantes (tres años y seis meses de prisión) fueron hallados culpables de peculado.
Olman Valverde, por su parte, resultó absuelto debido al beneficio de la duda.
En ese juicio, el expresidente Rafael Ángel Calderón recibió una pena de cinco años por haber recibido comisiones ilegales.
El proceso tributario se tramitó separado de la otra causa.
