El Poder Judicial pretende concentrar en un solo lugar todos los servicios que las víctimas de un delito o agresión requieren durante un proceso judicial.
El objetivo del plan es integrar esos servicios jurídicos y los de otras instituciones de ayuda médica, social y económica en una “plataforma integrada” de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La plataforma funcionará primero en una sede en Pavas, San José, a partir de agosto. Luego, se podría extender a otras zonas.
“La idea es centralizar en un solo lugar los servicios distintos que requieren las víctimas, como denunciar, solicitar pensión alimentaria o medidas de protección”, explicó el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora.
Según Mora, hay servicios y recursos dispersos, que no están coordinados. Para este año, el programa tiene presupuestados ¢463 millones.
Inicialmente, se espera ofrecer, en la plataforma, los servicios jurídicos que brindan los juzgados, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las víctimas.
Luego, en la segunda etapa, se integrarían los servicios “satélites”, o externos, de instituciones de ayuda social y económica, como los de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social o la Defensoría de los Habitantes.
Mata explicó que, por ejemplo, cuando una mujer es agredida por el esposo y pide medidas de protección a la Fuerza Pública, denuncia el caso en la Fiscalía, lo lleva al Juzgado de Violencia Doméstica, y, además, solicita pensión alimentaria y el divorcio, deberá ir a cinco lugares diferentes. Según el Fiscal, el proyecto simplificaría esos trámites en una visita a un único espacio físico.
Incluso, si esa misma mujer tiene hijos, y desea solicitar atención en el Patronato Nacional de la Infancia, o gestionar ayuda económica en el IMAS, estos servicios también se le podrían brindar en la misma plataforma.
Por su parte, la magistrada Zarella Villanueva asegura que hay un “desequilibrio estructural” entre las garantías de las víctimas y los imputados.
“Con la implementación de este proyecto, las instituciones del Estado que se integren a la plataforma de servicios compartirán un mismo espacio físico, por medio de convenios interinstitucionales firmados en el Poder Judicial”, comentó la magistrada.
Villanueva asegura que la respuesta del Estado ante las víctimas debe ser única.
El programa de atención a la víctima incluye la asesoría psicológica y jurídica, y la asistencia y acompañamiento en trámites judiciales. El de protección se refiere a las medidas para garantizar la vida, integridad física y libertad de la persona.
En el 2010, 11.682 víctimas de algún delito solicitaron los servicios de esta oficina. Esta cantidad aumentó en 9.000 casos respecto al 2009, cuando se aprobaron la Ley y el presupuesto de la Oficina.
De los casos recibidos, poco más de 7.000 correspondieron a mujeres y el resto a hombres. La mayoría de las personas atendidas (40%) tenían entre 18 y 34 años.
Los delitos con mayor ingreso al programa de protección fueron los de amenazas, homicidios, agresiones con arma, robos y tentativas de homicidio.
En el caso del programa de atención, el abuso sexual tuvo la mayor cantidad de ingresos, seguido por violaciones, amenazas, agresiones con arma y lesiones.