El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) no tiene carro de uso discrecional debido a que el auto fue robado al exjerarca de la entidad y actual diputado Fabio Molina.
Molina fue presidente ejecutivo de esa entidad en el período 2006-2009.
El robo del vehículo, Toyota Prado 2002, se dio el 15 de agosto del 2008 en las cercanías del cementerio Santísima Trinidad, en el cantón Central de Alajuela.
Desde el 23 de julio del 2009, la Procuraduría General de la República recomendó realizar un procedimiento administrativo para determinar si Molina debe pagar o no el deducible, que en este caso es de ¢1.050.000.
“Ahí se aplican las reglas generales de responsabilidad de cualquier funcionario público, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, y que debe responder por dolo o por culpa grave”, dijo Silvia Patiño, procuradora adjunta.
”Para demostrar ese dolo o culpa, se debe abrir un procedimiento administrativo como lo dice el dictamen”, añadió.
Fabio Molina declaró que no es el primer funcionario público al que le roban un vehículo, pero si tiene que pagar el deducible, lo hará.
“Si la decisión de la Procuraduría o del procedimiento administrativo es que yo lo debo pagar, inmediatamente lo pago.
”De momento, no me han comunicado nada, pero estoy dispuesto a pagar el último cinco que me corresponda”, dijo Molina.
El procedimiento administrativo lo recomendó la Procuraduría hace casi tres años, pero aún no se ejecuta.
“Las cosas que hemos hecho es ir sacando una serie de consultas que se han hecho a la Procuraduría; este tema es prioridad”, explicó Juan Marín, presidente ejecutivo del IFAM, quien tomó las riendas desde el año 2010.