Sucesos

Diligencia será entre setiembre y octubre

Juez fija fecha para audiencia por supuestos sobornos en INS

Actualizado el 29 de enero de 2013 a las 12:00 am

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez figura entre 10 imputados

Defensa alega que tienen mucha prueba de descargo para lograr sobreseimiento

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Juez fija fecha para audiencia por supuestos sobornos en INS

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                         El abogado Cristhian Arguedas, quien representó a Miguel Ángel Rodríguez durante la apelación ICE-Alcatel, dijo que, para la audiencia del caso INS-PWS, esperan aportar abundante prueba de descargo. | JULIANA BARQUERO/ ARCHIVO
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El abogado Cristhian Arguedas, quien representó a Miguel Ángel Rodríguez durante la apelación ICE-Alcatel, dijo que, para la audiencia del caso INS-PWS, esperan aportar abundante prueba de descargo. | JULIANA BARQUERO/ ARCHIVO

El Juzgado Penal de Hacienda estableció , para el período comprendido entre el 9 de setiembre y el 31 de octubre de este año, la audiencia preliminar del caso INS-PWS por el supuesto pago de sobornos de una firma de reaseguros de Londres a funcionarios costarricenses.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial informó ayer de que para la diligencia, donde se decidirá si el asunto va a juicio, deberán comparecer diez imputados, a quienes el Ministerio Público investiga por el delito de peculado.

Los implicados fueron identificados como Cristóbal Zawadzki Wojtasiak, expresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS); Álvaro Antonio Acuña Prado, exjefe de Reaseguros del INS, y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República.

También figuran la esposa de Zawadzki, Gilda Montes de Oca; la esposa de Acuña, Roxana Cordero Bogantes, y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de Seguros del ICE.

Asimismo, hay señalamientos en el expediente contra cuatro funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara Molinari y Roberto González Chinchilla.

Antecedente. Esta causa judicial comenzó luego de que se descubrieran aparentes pagos a exfuncionarios estatales por $2,1 millones realizados por la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y el 2002.

Según el Ministerio Público, varios de los implicados crearon una estrategia para sustraer fondos públicos. El plan se concretó, estimó la Fiscalía, con el incremento del monto del reaseguro que el INS debía pagar a PWS por la póliza que paga por todos los bienes del ICE.

En las investigaciones fiscales se determinó que, para ello, se fijó un sobreprecio en la prima del contrato para el reaseguramiento.

La póliza de reaseguro del ICE tiene un costo millonario: $13 millones en el 2009 y cubre bienes del Instituto por $400.000 millones

Por estos hechos, el ente acusador del Estado vincula a los diez imputados con el delito de peculado, que es la distracción o sustracción de bienes o fondos dados a funcionarios públicos para su administración en razón del cargo.

Descargo. Cristhian Arguedas Arguedas, uno de los defensores de Miguel Ángel Rodríguez, dijo que esa resolución la estaban esperando, pues será el momento oportuno para presentar una amplia prueba de descargo, “donde esperamos que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor del expresidente”.

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Agregó que se basarán en la declaración que el británico Julian Messent, exejecutivo de la reaseguradora PWS Holding, rindió cuando se declaró culpable ante una corte de Londres de repartir $2 millones. En aquella ocasión (octubre del 2010) dijo que sobornó a tres funcionarios de Costa Rica para mantener un contrato de póliza con el INS, pero nunca citó a Rodríguez.

Agregó que ya se hizo la gestión ante el Juzgado para obtener copia de ese expediente por los mecanismos que establece la ley.

Arguedas dijo que otra interrogante que tienen es qué delito le están atribuyendo al expresidente. “Se acusan hechos y no calificaciones jurídicas. Se está tramitando por el delito de peculado, pero no atribuido a Miguel Ángel (Rodríguez), sino a otros imputados.

“Eso es lo que queremos ver en la audiencia, la calificación definitiva que le va a dar el Ministerio Público”, dijo el defensor.

Por su parte, Edgardo García –defensor de Cristóbal Zawadzki– señaló que todavía no había recibido la notificación sobre la fecha de la audiencia. Sin embargo, agregó : “Me parece importante después de dos años y medio de insistencia mía de pedir la audiencia preliminar. Es el momento oportuno para rechazar los cargos de acuerdo a nuestros alegatos. Confiamos en la Corte y en los jueces de que todo va a salir perfectamente”.

García descartó que en este asunto pueda operar la prescripción, pues los plazos que establece la legislación son muy amplios.

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Carlos Arguedas C.

carguedasc@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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