El juez Juan Pablo Carpio reveló ayer que recibieron “presiones” para que dieran con prontitud el fallo contra siete acusados, entre ellos una exjueza, lo que atentó contra la independencia del Tribunal, afirmó.
La revelación la hizo Carpio en la sala de debates, ante el público presente, los acusados y las demás partes involucradas.
De acuerdo con sus palabras, esto sucedió la semana pasada, cuando dieron por finalizado el juicio luego de un mes y 12 días de debate sobre una presunta red de narcotraficantes que trasegaba cocaína y heroína desde Limón hasta Guatemala y México.
Carpio, por momentos muy enérgico, no reveló la identidad de la persona que los presionó, pero dejó entrever que se trató de un funcionario judicial con amplio acceso a los jueces penales de Limón.
Aseguró que recibieron “presiones” para que dictaran su fallo en pocas horas y, “de ser necesario, nos quedáramos la madrugada o se trabajara sábado y domingo”.
“El Tribunal, sujeto a la Constitución y a las leyes, resolvió sin permitir la injerencia de una persona para que se resolviera cosa distinta a lo que se ha decidido”, afirmó Carpio ante sorprendidos abogados y un numeroso público, alguna de cuyas personas no parecían entender de qué hablaba.
El juez afirmó que denunció el caso “ante las autoridades correspondientes”, e incluso ante el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario se mostraba molesto y dejó entrever que la intromisión de “esa persona” puso en entredicho al Tribunal limonense, su capacidad para decidir y dictar fallos, así como su independencia.
Al concluir el juicio, Carpio abandonó rápidamente la sala sin ampliar detalles sobre lo denunciado.
Juan Ramón Morales, abogado defensor de la exjueza Yorleny Serrano, dijo desconocer “de qué se trata” y prefirió no hablar del tema.
El asunto deberá ser investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial de la Corte.