Los hijos de 11 reclusas permanecen cuatro días por semana sin lactancia materna porque sus madres fueron reubicadas en la Escuela de Capacitación Penitenciaria (en La Uruca) debido a una remodelación en el módulo de Casa Cuna de El Buen Pastor (en San Rafael Arriba de Desamparados).
Uno de los casos es el de Carolina Obregón, que entró a prisión con su hijo Jonathan, de diez meses, en junio pasado. A finales de agosto, ella y otras 23 mujeres debieron ser reubicadas con sus hijos menores en la academia policial de La Uruca.
Sin embargo, las autoridades de Adaptación Social acordaron que los niños mayores de un año debían ser llevados a una guardería privada, en Desamparados, de martes a viernes, y regresar con sus madres el resto de los días.
Obregón afirmó que no comprenden por qué sus hijos no pueden permanecer con ellas, ya que esto les ha impedido darles la leche materna a diario.
La reclusa interpuso en setiembre un recurso de amparo, alegando que existía una violación al principio del interés superior del niño y el derecho a la maternidad.
No obstante, la Sala Constitucional rechazó el amparo el 7 de octubre. Los magistrados explicaron que, aunque se dio una separación de los hijos, esto obedece a las ampliaciones estructurales en El Buen Pastor.
Además, indicaron que las madres aceptaron, antes de que ocurriese el traslado, que los hijos se mantuviesen con familiares o en la guardería de martes a viernes.
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“Nos dieron el papel para firmarlo y tuvimos que aceptar el acuerdo (de mantener a los niños en una guardería privada). Era eso o enviar a nuestros hijos a un albergue del PANI (Patronato Nacional de la Infancia)”, comentó.
Según dijo la reclusa, los 11 menores tienen entre 11 meses y 1 año y ocho meses de nacidos, y todos son cuidados por dos niñeras de la guardería.
Obregón se mostró preocupada porque varios niños han llegado de la guardería con moretones y arañazos. Además, manifestó que los niños lloran mucho cada vez que los deben entregar los martes.
La Defensa Pública presentará hoy una queja ante el Juzgado de Ejecución de la Pena para suspender el traslado de los menores a la guardería.