Fiscalía atada para acusar a 10 ticos con fortunas sospechosas

Son 10 costarricenses que se hicieron millonarios de un momento a otro y que exhiben su riqueza con casas de lujo, fincas de gran tamaño, carros último modelo y jugosas cuentas bancarias.

Esas fortunas en ninguno de los casos tiene una justificación lícita aparente, pero tampoco se pudo demostrar que sus dueños las obtuvieron de manera ilegal.

El comisionado nacional antidrogas, Mauricio Boraschi, confirmó que tienen los detalles completos de esas 10 personas, pero prefirió no revelarlos.

Dijo que mientras se logra comprobar un delito, se pretendió con un proceso rápido que esos sospechosos expliquen el origen del dinero. Para ello se aplicó el Capítulo sobre Capitales emergentes de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero advirtió de que el primer caso, que se elevó a la vía contenciosa-administrativa, se frenó pues un juez tuvo dudas de si la ley es inconstitucional y por eso consultó a la Sala IV. Esos 10 casos documentados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tienen muchas similitudes al de Alejandro Jiménez González, alias el Palidejo.

Este se halla hoy preso en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Ciudad de Guatemala como sospechoso de planear el atentado donde murió el cantautor Facundo Cabral.

Hace una década, vendía frutas y verduras en Canoas, Alajuela, y de pronto, para el 2009, sus inversiones llegaron a los ¢1.000 millones. Tanto dinero llamó la atención de la Policía y la Fiscalía, que le abrió una causa por el delito de legitimación de capitales.

Procedimiento. Boraschi explicó que la Ley contra el Crimen Organizado prevé que los dueños de estas fortunas emergentes sean denunciados ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que expliquen el origen del dinero.

Si el denunciado no demuestra la procedencia legal del capital, este pasa al Estado para invertirlo contra el crimen organizado.

En tales casos, el demandado no recibe un castigo de cárcel porque no hay delito, excepto que durante el proceso traspase los bienes.

La primera denuncia que presentó el Ministerio Público –el 26 de abril del 2011– se paralizó por la consulta judicial ante la Sala IV, que no ha sido resuelta. Para el Juzgado, resolver ese conflicto no corresponde a lo contencioso administrativo, sino a otra área.

“Llevamos un período importante (un año) sin que podamos aplicar la ley ni tampoco sabemos si la Sala va a decir si es constitucional o inconstitucional. Si dijera que es inconstitucional, otra vez vamos a retroceder años”, dijo Boraschi.

Avance a medias. Obligar a los nacionales o extranjeros con capitales sospechosos para que demuestren la procedencia del dinero, está en el Capítulo de Capitales emergentes de aquella ley, que rige desde el 22 de julio del 2009.

El espíritu de esa legislación es atacar las organizaciones en el campo de las finanzas cuando no se les puede acusar por la vía penal, destacó Boraschi. “Es un procedimiento especial que sale de lo penal y pasa a la vía contenciosa administrativa y civil. En el área penal hay que demostrar que el dinero venía de un (hecho) ilícito, pero en la otra rama el denunciado es quien debe probar el origen lícito del dinero”, explicó. Boraschi y Guillermo Hernández, exfiscal de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, dijeron que aplicar lo concerniente a capitales emergentes no significa que los casos por lavado, legitimación de capitales o narco se descarten, sino que las pesquisas continúan.

Para Hernández, “el procedimiento en la ley es contradictorio o poco claro, lo cual en algún momento podría rozar con la Constitución y el derecho a la propiedad”. Boraschi prefiere esperar el fallo de la Sala Constitucional.