Fiscala tica señalada por dar informes a familia de acusado

La Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tramitó una orden de captura en contra de la costarricense Giselle Rivera, al acusarla de facilitar información a los familiares de un jefe policial requerido por dos matanzas de presidiarios

Así lo reveló el diario guatemalteco El Periódico. Rivera –exjefa de un equipo internacional de investigadores de la Cicig– confirmó que tales contactos se dieron, pero afirmó que tuvieron lugar en el marco de una negociación para utilizar al alto jerarca de la Policía Nacional Civil de Guatemala (de apellido Figueroa) como testigo en vez de acusado.

“Entrevisté a imputados y hasta los visité en el exterior. Me llamaban a un teléfono que pagaba la Cicig. Parte de la acusación dice que yo tenía vínculos con ellos. Claro que los tenía, pero en razón del trabajo”, explicó Rivera.

Enfatizó que con el policía se entrevistó en abril del 2009 en un país de Europa. Esa diligencia fue avalada por el entonces director de la Cicig, Carlos Castresana.

“Yo sostenía largas conversaciones porque él quería colaborar a cambio de un beneficio”, explicó.

Rivera tuvo contactos con el oficial y sus parientes entre abril y diciembre del 2009. El agente fue detenido hace tres meses.

“En una investigación uno habla con abogados, testigos y colaboradores. Cuando veo que el caso no va hacia adelante, me reúno con los familiares (del jefe policial) para decirles: ‘vamos a ver qué dice el señor comisionado (Castresana)’”.

Grabación. Rivera indicó que los hermanos del jefe policial grabaron una de las reuniones.

“Yo les dije que no se iba a hacer nada. No era una garantía, sino informarles que no querían (la jerarquía de la Cicig) presentar el caso a los tribunales”, explicó .

Rivera investigó en Guatemala la matanza de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, en el 2007.

La Cicig no presentó al Ministerio Público las conclusiones de su investigación. La Fiscalía de Guatemala asegura que el crimen lo cometieron policías vinculados a una banda delictiva.

El equipo de la Cicig documentó que tras esas muertes, así como la de unos presidiarios, estuvo una estructura paralela de la Policía, cuyas actuaciones avalaba el ministro de Gobernación, Carlos Vielman. Les achacan ejecuciones extrajudiciales, tráfico de drogas y tumbonazos.