Ese proyecto fue retirado de las sesiones extraordinarias por parte de la Presidenta de la República. Ayer en una entrevista en adn 90.7 FM el magistrado Carlos Chinchilla calificó de “peligrosa” la propuesta de la Defensa Pública para ampliar el rango que contemplaba el proyecto original en cuanto a quiénes colocar el citado brazalete.
El magistrado Chinchilla insiste en que debe ser solo para personas con prisión preventiva o libertad condicional, lo que para la Defensa Pública es estigmatizante y un desperdicio de recursos.
Hoy en esa misma radioemisora, Marta Iris Múñoz explicó paso a paso los requisitos que debe cumplir un reo para obtener la libertad condicional.
Dijo que en del 2010 al 2012 solo salieron 451 personas con libertad condicional de las cárceles, lo que implica que el hacinamiento seguirá si se aplica el brazalete solo a esa población.
En el ámbito internacional, el porcentaje máximo aceptable es que hayan 204 privados libertad por cada 100.000 habitantes. En Costa Rica esa cifra se ha superado y alcanza los 323 por cada 100.000, al igual que países en guerra como Afganistán y otros como Chile y Honduras, afirmó Muñoz.
“Para que ponerle brazaletes a los que ya van a salir”, agregó Muñoz. Agregó que en este momento salen sin brazalete y no hace falta ponerles un dispositivo que además es caro.
Alejandro Rojas, subdirector de la Defensa Pública, dijo que el proyecto de ley alternativo que ellos proponen contempla aplicarlo cuando a las personas les falte por cumplir seis años de prisión y con un rango selectivo, no de manera automática.
Rojas afirma que el Instituto Nacional de Criminología haría un estudio de cada caso. Luego, para otorgar ese beneficio, lo debe autorizar un juez al final una audiencia con el Ministerio Público.
Negó que 4.000 personas vayan a salir con ese brazalete y dejó claro que será para delitos menores, cometidos sin violencia contra las personas.
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