Auxiliar contable tiene $1 millón en el banco

La acción judicial se planteó el 26 de abril del 2011 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, con sede en Goicoechea.

El asunto se llevó hasta esa instancia luego de una investigación de un año que había iniciado la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y continuó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía.

Durante el lapso de la pesquisa, los agentes hicieron seguimientos y vigilancias para tratar de determinar las actividades del implicado, de apellido Soto. Sin embargo, la Policía no pudo inculparle ninguna actividad ilícita.

Para buscar una explicación sobre el origen del dinero fue que se denunció ante el Juzgado Contencioso. Dicho despacho congeló la cuenta bancaria y, además, inmovilizó dos propiedades de Soto. Una está en San Josecito, Alajuelita, valorada en ¢25.000 y otra en Hatillo, cuyo valor es de ¢5,3 millones, según el Registro Nacional.

Empero, el Juzgado elevó una consulta constitucional a la Sala IV pues se consideró que disponer la pérdida del patrimonio en perjuicio de una persona no es una potestad de un juez contencioso, sino que le corresponde al área penal.

Antes de resolver el asunto, los magistrados constitucionales pidieron el criterio a la Procuraduría General de la República, que el 5 de setiembre consideró que no es inconstitucional que el Juzgado Contencioso resuelva todo lo relacionado con los capitales emergentes.