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Unas 50.000 personas habitan en localidades de la Gran Área Metropolitana (GAM) propensas a inundaciones o avalanchas, como la que asoló calle Lajas, en San Antonio de Escazú.
La cifra se desprende de un trabajo elaborado por el Programa Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana, financiado por el Gobierno y la Unión Europea, en el 2008.
La GAM tiene 3.280 hectáreas con riesgo de aludes y deslizamientos. De esas, en el 2008 poco más de 132 estaban urbanizadas.
La investigación, en la que participó el geólogo Allan Astorga Gättgens, de hecho había situado calle Lajas de San Antonio de Escazú –arrasada el 3 de noviembre por un alud– en una zona de muy alta fragilidad ambiental, dada su vulnerabilidad al paso de avalanchas.
“Se identificaron las construcciones localizadas dentro de esa área de paso de la avalancha y se emitieron lineamientos correctivos”, explicó el científico.
El alcalde de Escazú, Marco Segura, dijo que el ayuntamiento había emprendido acciones contra algunas de las personas que luego fallecieron por la avalancha pues construyeron en los linderos de la quebrada Lajas.
“No solo invadieron la vía pública, sino que hubo un irrespeto a los 10 metros de retiro con respecto al río”, explicó.
El geólogo Astorga aseguró que en el estudio los expertos detectaron otras zonas con potencial riesgo de avalanchas en las montañas de Alajuelita, Desamparados, Escazú, Aserrí, Santa Ana y La Carpintera (La Unión, Cartago), entre otras.
“En esos lugares hay poblaciones asentadas donde se da el campo de la pendiente (elevación). Esas montañas están conformadas por rocas ígneas que siguen en ascenso. Por eso las pendientes son tan pronunciadas.
“Si a eso le sumamos mucha lluvia, se presentan condiciones para que ocurran avalanchas”, explicó el geólogo.
Gättgens enfatizó que la atención no solo debe centrarse en los deslizamientos activos, sino en las zonas donde pueden activarse nuevos desprendimientos. Las avalanchas de calle Lajas (Escazú) y Pozo Azul (El Llano de Alajuelita) son un claro ejemplo de ese riesgo.
En el caso de la Municipalidad de Escazú, aunque le fueron entregados los denominados índices de fragilidad ambiental, estos aún no se integran al plan regulador.
“Aun cuando no está aprobado por el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), nosotros sí hemos usado los resultados de ese estudio.
“Lo de calle Lajas se da (el deslizamiento) en una zona protectora de la montaña, en un lugar prácticamente inaccesible. No teníamos un informe que nos dijera algo específico sobre ese lugar. Hablaba (el estudio) de la vulnerabilidad de la zona”, señaló el alcalde Segura.
El funcionario reiteró que, de acuerdo con el diagnóstico de varios geólogos, ese deslizamiento de calle Lajas fue repentino.
En el 2002, un equipo interdisciplinario advirtió que poblaciones de San Antonio de Escazú, Río Oro y otros lugares de Santa Ana presentan posibilidades de caída de grandes bloques de terreno en cuyo descenso podrían alcanzar hasta 120 kilómetros por hora.
“Además, se observan las cicatrices, muestras y planos dejados por la caída de grandes bloques y lajas en los cerros de Pico Blanco y alrededores”, consignaron en el informe los científicos Guillermo Alvarado (geólogo), Rafael Arce (geógrafo) y José Martín Sánchez (arqueólogo).
Ellos identificaron en Salitral de Santa Ana seis niveles de “avenidas tempestuosas aluviales” (cañones por los que podrían descender avalanchas). El último alud que descendió por allí tuvo lugar en 1916, según registros.
