El regreso a las clases fue perturbado por el asesinato de un joven en el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer en Orotina, lo cual es un hecho lamentable no sólo para la familia, la población estudiantil y amigos/as, sino para todas aquellas personas y organizaciones que continuamente trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas, tema que lamentablemente el Estado no ha priorizado, encontrándonos con un NO como respuesta.
No pretendo justificar a quien cometió este asesinato, pero este hecho evidencia la necesidad de que instituciones como el Ministerio de Educación pongan en marcha la “Directriz de buenas prácticas para la no discriminación en personas menores de edad insertas en el sistema educativo”, firmada en el 2008, para reducir la violencia generada por la discriminación motivada por la orientación sexual. ¿Se hubiera logrado prever esa pérdida si ambos chicos hubiesen tenido entornos amigables y los/as docentes conocimiento sobre cómo abordar la temática? Probablemente sí.
Contra la homofobia. En el imaginario colectivo se cree que el único trabajo que se realiza desde las organizaciones que defendemos la diversidad sexual va dirigido al derecho de contraer matrimonio, pero hay otras necesidades y derechos que se nos limitan, y en ese sentido también realizamos esfuerzos que no se visibilizan: sensibilización a personal docente y administrativo para el manejo de la temática, acompañamiento a jóvenes con deseos homo-lesbo-bieróticos, reducción del estigma y discriminación en los centros educativos (con base en la Directriz del MEP) hasta la capacitación de jóvenes dirigida a la reducción de la homofobia interiorizada, previniendo suicidios, abuso de alcohol y/o drogas y las prácticas sexuales riesgosas.
Se trata de colaborar en la visibilización de herramientas para la vida, dentro de un entorno prejuicioso que contribuye a fomentar prácticas autodestructivas, profecías que se terminan cumpliendo como los hechos los vividos en el Colegio de Orotina.
El MEP no ha tenido la capacidad de aplicar la directriz y, ante la diversidad de la población estudiantil, hay un vacío sobre cómo avanzar o trabajar la temática. El miedo, los fundamentalismos religiosos y la desinformación, obstaculizan la tarea que desde CIPAC se ha intentado realizar en ese sentido.
Sociedad más inclusiva. La sociedad patriarcal y heterocentrada en la que vivimos no necesita de aliados para generar mayor desigualdad.
Es urgente crear políticas y aplicarlas para promover una sociedad más respetuosa e inclusiva de las diversidades. De nada sirve dejar directrices en el papel como en el caso del MEP.
Costa Rica no puede engrandecerse de ser pionera y respetuosa de los derechos humanos si invisibiliza y priva a un grupo poblacional de información, conocimiento y legislación que le proteja, respalde y garantice sus derechos.
Esta necesidad no es un asunto que sólo le compete al MEP, sino que es una responsabilidad de todas y todos ya que la discriminación es un germen que se propaga por todas las estructuras del Estado e incluso en las familias.
Es pertinente hacer una reflexión sobre los mitos y estereotipos que se tienen sobre diversidad sexual, las sexualidades, los derechos humanos y cómo mis actos contribuyen o no a reducir la violencia contra grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.
El asunto aquí ya dejó de ser sólo de lesbianas, gais, bisexuales y trans; es también de las mujeres, de las personas jóvenes, indígenas, de migrantes, de personas con capacidades especiales, VIH positivas, de diferentes etnias y heterosexuales, porque no importa la condición, los derechos humanos son universales y es necesario que todos y todas asumamos la responsabilidad de velar por ellos.