Hoy en día es una tarea impostergable el adoptar acciones concretas frente al flagelo social del trabajo infantil y adolescente, donde uno de cada seis niños en el mundo realizan algún tipo de trabajo. Costa Rica no escapa de este reto al que deseamos como Gobierno responder con políticas públicas integrales que aseguren su eficacia.
El trabajo infantil menoscaba los derechos humanos de ese 10 % de nuestra niñez y adolescencia que se ha visto en la obligación de incorporarse en actividades laborales. Sabemos bien que estas personas menores de edad carecen de una adecuada preparación para desempeñar cualquier tarea. Además, a ello se suman jornadas de trabajo que exceden las 6 horas, ingresos mínimos, así como condiciones insalubres y peligrosas para su integridad física y su vida misma.
Según los datos de la última “Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples en la que se aplicó el Módulo Especial de Trabajo Infantil” que datan del 2002, del 10% de la población menor de edad entre los 5 y 17 años de edad se encontraban incorporados en actividades laborales, 82.512 son hombres y 31.011 son mujeres, del total de esta población 77.692 habitan en zonas rurales, 49.229 son menores de 15 años, –por tanto, no poseen la edad permitida para trabajar–, 64.294 tienen edades entre los 15 y 17 años, de esta población alrededor de 50.945 se encuentran ocupados y están fuera del sistema educativo.
Es de suponer que esta tendencia se mantiene o en el peor de los escenarios que la misma se haya incrementado. Por ello, el Ministerio de Trabajo pedirá al INEC la actualización de estos datos para precisar y fortalecer las acciones y estrategias de abordaje.
Lo cierto del caso es que las evidencias existentes muestran con claridad que el trabajo en las personas menores de edad repercute directamente en su derecho a la educación y al desarrollo limitando de manera dramática sus posibilidades de movilidad social, con el riesgo inminente de verse sometida esta población a la pobreza y eso no lo podemos permitir.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estamos conscientes de las competencias que nos asignan el Código de la Niñez y la Adolescencia así como los compromisos internacionales adquiridos por el país en esta materia. En respuesta a esto desarrollamos y fortaleceremos una serie de acciones y estrategias que garanticen los derechos de esta población en salvaguarda del interés superior del niño.
Hemos establecido alianzas estratégicas con otras Instituciones Gubernamentales, las Municipalidades, Agencias de Cooperación Internacional especialmente la Organización Internacional del Trabajo, Organizaciones no Gubernamentales, Empleadores y Organizaciones de Trabajadores e invitamos a toda la sociedad y en especial a las familias a unirse en este esfuerzo país. Esta responsabilidad es de todos y todas.
Cada vez que observemos con una mirada indiferente a un niño, una niña o adolescente que trabaja estaremos haciendo caso omiso al llamado de solidaridad que siempre ha constituido un baluarte del ser costarricense.
Garanticemos espacios, oportunidades y condiciones que desarrollen adecuadamente las potencialidades de nuestra niñez y adolescencia. En ellos descansa la visión de una Costa Rica justa y equitativa en la que cada sonrisa reflejara con certeza una vida libre de la inhumana cadena del trabajo infantil y adolescente.