Trabajo y techo para combatir la miseria

“Voy a designar el fenómeno extraño que estamos viviendo en Costa Rica, de dos tercios de la población tranquilos y hasta prosperando inadvertidos, en plena crisis del otro tercio, con un nombre que tomo prestado de otra disciplina, no de la economía: la traslación de la pena.” (José Figueres Ferrer)

Huyendo del calor, hace unos días salimos mi hijo mayor y yo a dar una vuelta por los alrededores de Cascajal de Coronado. Hacía tiempo que no recorría esa ruta, que durante muchos años transité —especialmente los fines de semana— cuando siendo vecina del cantón, buscaba rincones típicos donde desayunar o almorzar, rodeada del fresco verdor de pastizales, arbustos y flores.

Confieso que me siento impactada por la cantidad de tugurios que han erigido a ambos lados del camino en esa zona, la cual luce tremendamente deprimida. Un flagelo sobre el que escribí durante todo mi ejercicio profesional activo, tratando de llamar la atención de autoridades y conciudadanos.

Ni qué decir de los males que irremediablemente arrastra la miseria y que perjudican el entorno y la sana convivencia: hacinamiento, suciedad, ríos saturados de basura, malos olores, cableados eléctricos irregulares que se constituyen en peligros inminentes, rostros adustos y apesadumbrados por doquier, delincuencia, desesperación…

¿Qué sociedad que se precie de educada, solidaria, respetuosa de los derechos humanos y justa, puede permanecer indiferente frente al deterioro y las necesidades de tantas familias?

A estas alturas del siglo XXI nuestra nación debería contar con herramientas democráticas legales, efectivas y oportunas, que les permitan a las autoridades de gobierno utilizar terrenos municipales en desuso, para construir, con ayuda de la empresa privada y de instituciones oficiales, como los bancos del Estado y la Junta de Protección Social (JPS) —por nombrar unos pocos—, complejos habitacionales dignos para trasladar a aquellos núcleos familiares registrados formalmente.

Mejor aún si se extienden las instalaciones y los recursos hacia zonas rurales, en donde se puedan implementar con fincas agrícolas, donde jóvenes y adultos puedan involucrarse en el cultivo de frutas, legumbres, hortalizas y flores, tanto para su propio sustento como para suplir el mercado local. O quizás talleres de carpintería, ebanistería y otros quehaceres tan apreciados como difíciles de hallar.

Según lo ha reiterado una vez más la agencia de la ONU que lidera el esfuerzo internacional para ponerle fin al hambre en el mundo, “una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático es posible en América Latina y el Caribe, y lograrla es imperativo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Resulta esencial, por tanto, identificar caminos para avanzar hacia una transformación en la manera en que se producen los alimentos”.

La misión que dicta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es clarísima y por ello, un país con vocación agrícola como el nuestro no debe seguir importando alimentos que nuestra tierra puede producir, con generosidad, para autoabastecer a la población —especialmente, a quienes ahora pasan hambre— y, por añadidura, para generar también empleos dignos.

Permitirle trabajar a las personas, conlleva amplios beneficios para su salud física y mental, pues quien se siente útil y necesario, mantiene el espíritu en alto, no desperdicia el tiempo en elucubraciones negativas y fortalece su creatividad y autoestima.

Esta es la “bronca” que hay que comprarse señor presidente, la de adecentar el entorno y contribuir con el crecimiento y el desarrollo de los sectores más vulnerables. Eso solo se logra con acciones coordinadas, con planes concretos y con el concurso de quienes poseen los recursos económicos e intelectuales para transformar una penosa realidad en un nuevo paraíso de justicia social y oportunidades.

La autora es periodista.