19 octubre, 2014

Una plaga que la sociedad actual no ha podido resolver es la del trabajo forzoso y su derivado, la explotación sexual comercial, ni más ni menos que versiones modernas de la esclavitud. Son necesarias medidas exhaustivas y con sentido de urgencia para hacer frente a esta tragedia, que también está presente en América Latina.

Protocolo y recomendación. Para avanzar en esta dirección, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó hace varias semanas un protocolo y una recomendación, dos instrumentos que refuerzan la normativa internacional sobre el combate al trabajo forzoso y que al mismo tiempo son un llamado a los países a actuar con más decisión contra un problema de grandes dimensiones.

Se estima que en el mundo hay 21 millones de seres humanos sometidos a esta forma de opresión, generando ganancias por unos $150.000 millones anuales, de los que la mayor parte, $99.000 millones, provienen de la explotación sexual comercial.

En América Latina y el Caribe, unas 1,8 millones de personas generan ganancias por $12.000 millones a quienes los explotan. Casi el 90% deriva de la explotación sexual ($10.400 millones).

Las mayores ganancias provienen de la explotación sexual por su alta demanda, los altos precios que se pagan, la poca inversión de capital y los bajos costos operativos. El negocio lo controlan mafias que se quedan con enormes dividendos.

El trabajo forzoso de tipo doméstico genera $500 millones en América Latina y el Caribe, y la explotación laboral en otros sectores, $1.000 millones, principalmente en agricultura, construcción, manufacturas, minería y servicios. La “relación de trabajo” suele basarse en coacción, servidumbre por deudas y trata de personas.

Las cifras provienen del informe “Ganancias y pobreza: aspectos económicos del trabajo forzoso”, presentado en mayo en Ginebra. Los Gobiernos y las organizaciones internacionales tienen el reto de redoblar esfuerzos para erradicar esta mácula de la civilización, violación flagrante de los derechos humanos y laborales, convertida en un próspero negocio. Las medidas deben ser respaldadas por procesos de diálogo social que involucren a gobiernos, empleadores y trabajadores.

Detrás de las cifras se esconde un infierno en la vida de millones de personas sin futuro, que sobreviven en pobreza y degradación. Los beneficios obtenidos por los traficantes contrastan con las enormes pérdidas no sólo materiales sino también morales y de integridad física y mental de las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto.

Las víctimas son los más vulnerables de la sociedad, los trabajadores más pobres con menores cualificaciones y sin oportunidades de educación. Las familias que sufren pérdidas imprevistas de ingresos y profundizan su situación de pobreza, suelen estar expuestas a esta fatalidad.

Medidas urgentes. El informe indica que 55% de las víctimas de trabajo forzoso en el mundo son mujeres y niñas y 44% personas que migraron dentro o fuera de sus países. Es fundamental tener mejores datos sobre la real extensión y la ubicación en cada país, ya que no se cuenta con informaciones nacionales confiables y actualizadas que permitan identificar los factores de riesgo y diseñar estrategias adecuadas.

La OIT exhorta a los Estados a adoptar medidas concretas e inmediatas para abordar con medidas de disuasión las prácticas de trabajo forzoso y trata de seres humanos, incluyendo el fortalecimiento de la legislación, las políticas y las instituciones encargadas de la inspección laboral.

También es clave combatir la impunidad y aplicar medidas para abordar las razones económicas que promueven esta práctica.

Se requieren medidas de prevención para los más vulnerables, incluyendo esquemas de protección social frente a la pérdida de ingresos familiares, acceso a la educación y la formación profesional, medidas para favorecer la inclusión social, promoción de la igualdad de género y mejorías en la gobernanza de la migración, entre otras.

Debemos recordar que el trabajo forzoso no puede existir en una sociedad moderna.

Elizabeth Tinoco, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe.