EscucharHoy, más que nunca, debemos recortar el gasto público, buscar nuevos ingresos y cobrar bien los impuestos actuales. Ya todos sabemos que los disparadores del gasto han sido las altas pensiones, los famosos pluses, el aumento de salarios y la contratación de más empleados públicos.
Tenemos un Estado con 328 instituciones distintas, con grandes diferencias salariales. Un abultado aparato estatal que ha crecido en forma desordenada, sin ningún control y, lo peor del caso, sin revisar su rumbo y productividad. Desde hace 20 años se ha venido planteando la reforma del Servicio Civil, pero sin tomar decisiones para poder lograr flexibilidad en la contratación y/o despido de personal, con una mayor capacidad de evaluación y resolución para congelar nuevas plazas. Se necesita crear una rectoría en el empleo público para evitar el actual desorden que tenemos con los famosos beneficios y salarios, y limitar los pagos por dedicación exclusiva.
Racionalización. También es imperativo la racionalización de los beneficios tan odiosos en pensiones y la revisión o eliminación de una serie de impuestos con destinos específicos, a fin de hacer más eficaz la Administración, así como evaluar el gasto social para poder medir su eficacia, revisar con cuidado el gasto en la educación, exigiendo excelencia y calidad, y, por último, someter a todas las instituciones a un análisis de sus objetivos, resultados y recursos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Es preocupante que, excepto el presupuesto del Gobierno Central, el resto del sector público no sea sometido al análisis y aprobación del Congreso. Nada hacemos con revisar solo el presupuesto nacional en el Congreso y dejar en manos de la Contraloría General de la República la evaluación de instituciones como la CCSS, el ICE, los bancos del Estado, AyA, Recope, INS y las demás 219 instituciones, no menos importantes. El presupuesto nacional es apenas un tercio de los gastos.
¿Qué pasaría, si alguna de estas instituciones entrara en dificultades financieras? ¿Quién tendría que asumir la factura? ¿Serán los usuarios, con un aumento en los costos de los servicios? ¿Es acaso viable seguir creando más instituciones sin soporte financiero? ¿Deberán las universidades estatales y la Corte Suprema de Justicia seguir creciendo en gastos? ¿A quién dan cuentas de los resultados y costos? ¿Cuál es su estructura de salarios y cómo se valoran sus pensiones? ¿Quién valora la verdadera competitividad de cada institución?
Debemos apreciar nuestro sector público para consolidar y dejar de estar creando órganos adscritos, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas estatales, etc. ¿Cuánto nos ahorraríamos, si simplificamos el Estado y buscamos un mayor ordenamiento? No cabe duda de que este ejercicio de reingeniería no se hace y tampoco parecen existir las decisiones políticas para implementarlo. ¿Cuáles instituciones hemos cerrado en estos 20 años? ¿Cuántas nuevas hemos creado? ¿Podremos seguir así por mucho tiempo?
Preocupación. Seguimos endeudándonos para mantener el actual nivel de gastos y prebendas que hemos creado en el sector público. Lo cierto es que hoy tenemos un Estado con un gasto creciente, fragmentado, ineficiente, sin control, sin rendición de cuentas, con ajustes salariales automáticos, con graves beneficios y totalmente inflexible, que nos obliga a endeudarnos día a día. Con un Gobierno que tiene un sistema tributario ineficiente y costoso, con un diseño celular y territorial que ya no es operativo, y, al final, con una carga tributaria baja. Y está el agravante de que los costarricenses no tenemos ¿Podremos hacer nuevas inversionessituaci;on?l 2015 y un endeudamiento superior al 60% de todo el sector ps problemas de infrae una verdadera cultura tributaria ante la inoperancia del Estado.
Esta situación es grave cuando requerimos modernizar y mejorar nuestro sistema tributario, que es muy costoso, pero, ante todo, complejo. Muchos tributos no son rentables, prevalecen muchas exoneraciones y no se grava un sector tan importante como los servicios. Actualmente, el marco jurídico, por su estructura, deja una serie de portillos para la evasión y elusión tributaria. Los impuestos de la renta cambian de acuerdo con la naturaleza jurídica de cada actividad.
Ante esta realidad, debemos reformar nuestro sistema tributario para hacerlo más justo, eficiente y solidario. Esta es una tarea prioritaria debido al alto déficit fiscal y nuestro alto endeudamiento. Las reformas tributarias y el control de gastos no pueden posponerse. ¿Estará el gobierno de don Luis Guillermo Solís dispuesto a asumir esta cruzada o se va a esperar dos años para implementarlo? ¿Están todos los sectores conscientes del costo social de una situación tan compleja? Debemos encontrar una solución integral con el apoyo de todos los sectores y partidos políticos.
Soluciones. No hay que hacer muchos estudios, diagnósticos o consultorías para saber que debemos replantear todas las instituciones, en forma ordenada y fijando prioridades. No cabe duda de que habrá que cerrar instituciones públicas ineficientes y fusionar otras. Hay que fijar índices de productividad y revisarlos. También hay que vender activos improductivos, revisar los múltiples subsidios, fortalecer las alianzas público-privadas, revisar el régimen municipal para ordenar ciertos servicios que deben ser centralizados, limitar la injerencia del Congreso en la creación de nuevas instituciones y gastos sin ingresos, aplicar los artículos 179 y 176 de la Constitución Política y limitar el endeudamiento únicamente para infraestructura.
Las medidas son complejas pero impostergables. Nada hacemos, si aumentamos impuestos, migramos al IVA con deducción, ampliamos la base de impuestos, revisamos la canasta básica y establecemos un IVA diferenciado, ponemos a las empresas públicas a pagar renta, establecemos la renta universal y otras medidas, pero no racionalizamos el gasto. Mientras no se ordenen los gastos, lo que vamos a hacer es asfixiar al sector productivo y a los ciudadanos. Tenemos que revertir esta tendencia.
Ya se nos acabó el tiempo de posponer las soluciones. Este es un proceso complejo y costoso, pero no hay otra salida. Esta es una situación en que no se vale andar señalando culpables, pues solo debemos ver hacia el futuro. Tenemos que volverle a dar al Ejecutivo capacidad de gobernar y hacer cambios. El Gobierno no tiene disponibilidad de recursos y debemos solucionarlo, a pesar de los costos que eso implica. Todos debemos unirnos, si queremos volver a crecer con orden y disciplina. De no hacerlo, a corto plazo estaremos en una grave situación, con consecuencias sociales complicadas.
No hacer frente al déficit fiscal y al ordenamiento del sector público significa menos crédito, más intereses, mayor costo en los servicios y, al final, menor empleo. No cometamos el error de posponer las medidas. Costa Rica está primero y debemos sacrificarnos por el bien común.
