En los últimos días hemos podido observar cómo se mantienen conceptos equivocados en el tema del aleteo de tiburones y las constantes denuncias que hacen algunos grupos, sin medir las consecuencias sociales y ambientales de sus acciones.
En primer término, debemos aclarar que el aleteo de tiburones está prohibido por nuestra legislación, tal y como lo ha dispuesto el artículo 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura.
La solución que nuestros mismos pescadores han propuesto, producto de su experiencia, es hacer un corte parcial en las aletas para garantizar el desembarque de los cuerpos y aletas de tiburón en el puerto; de esta manera se garantiza la calidad de la carne para consumo humano y se aplican medidas más amigables con el ambiente.
Práctica aceptada. Esta práctica del corte parcial de aletas de tiburón, conocida como la propuesta de Costa Rica, ha sido aceptada internacionalmente, aun en los foros donde organizaciones como el Programa de Restauración de las Tortugas Marinas (Pretoma) ha participado y avalado, de la misma manera que ha recibido el visto bueno de los técnicos del Sistema Nacional de Salud Animal (Senasa).
Incopesca, en acatamiento de lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico y la resolución de la Sala Constitucional, voto 1109-2006, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha hecho un esfuerzo importante para habilitar en la terminal pesquera de barrio El Carmen de Puntarenas, un muelle para el desembarque de embarcaciones extranjeras que capturan tiburón, donde están bajo la fiscalización de los inspectores de Incopesca, Senasa y la Dirección de Aduanas, tal y como lo dispuso de manera firme y responsable la Junta Directiva del Incopesca al emitir el acuerdo AJDIP/371-2010.
De igual manera, los pescadores nacionales dedicados a la captura de tiburón, deben desembarcar en la presencia de los inspectores de Incopesca y Senasa, con el propósito de velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
En este sentido vale mencionar el Decreto Ejecutivo 34928-MAG que reglamentó el procedimiento de descarga de tiburón, así como los acuerdos de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/470-2008, AJDIP/431-2005, AJDIP/499-2005 y AJDIP/42-2009, sin dejar de lado lo dicho por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República en sus informes y criterios, respectivamente.
Acciones insensatas. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, no se logra satisfacer a un grupo de ambientalistas que, de manera insensata, tratan de generar un ambiente hostil entre pescadores, empresarios y autoridades de gobierno, situación que les resulta muy conveniente, pues no llevan ninguna responsabilidad.
De paso, estas personas ponen en mal el nombre de Costa Rica ante el mundo y generan un riesgo al país, de ser objeto de denuncias internacionales, tal y como lo dispone el artículo 17.12 del Capítulo Ambiental del Cafta.
Pero los esfuerzos por establecer controles no se limitan al ámbito nacional; a nivel centroamericano, la Organización del Sector Pesquero Centroamericano (OSPESCA) ha apoyado el liderazgo de Costa Rica que busca la protección y desarrollo de la pesca responsable en el área.
Quizá para algunos no sea lo mejor, pero creemos que entre todos podemos lograr el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, con el balance de lo ambiental, económico y social, sin olvidar que detrás de cada pescador hay familias que dependen de los frutos del mar.
Entonces: ¿por qué, lejos de hacer propuestas sanas, continuamos con ese viejo trillo que alzaron algunos ambientalistas, de fomentar acciones que ponen en riesgo no solo la estabilidad económica de muchos, sino también su seguridad social?
Hacemos lo propio para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, para que los costarricenses lleven a su mesa pescado y mariscos de la mejor calidad y que nuestros productos de exportación tengan la garantía de que trabajamos para mejorar el medio ambiente, sin impedirles a las futuras generaciones de pescadores que puedan lanzar sus redes al mar y llevar sustento a sus familias.
Se vale decir qué es lo que se está haciendo mal, pero acompañado de soluciones constructivas; se vale denunciar al funcionario que no hace su trabajo de manera honesta, pero también se vale reconocer a quienes hacen las cosas bien.
Mi respeto y admiración por todos los que se dedican a la actividad pesquera y que bajo el Sol o la lluvia trabajan de manera honesta y comprometida, en claro respeto a las medidas que garantizan la pesca responsable.