A un año de la resolución de la Sala Constitucional que declaró con lugar el 10 de agosto de 2010 un recurso de amparo interpuesto contra el referendo que el TSE pretendía permitir, en el que una mayoría decidiría sobre los derechos y expectativas de la minoría LBGTI(lesbiana, bisexual, gay, transexual e intersexual), y que marcó un hito histórico en la interminable lucha por los derechos de los gais, nos detenemos a reflexionar sobre algunos aspectos relevantes que amplían el horizonte de esperanzas de las minorías en general.
Una de las principales repercusiones del fallo establecido en el voto de la Sala Constitucional 10-13313, es la obligación de los poderes públicos de dar protección a las poblaciones en desventaja:
“Frente a los grupos que son objeto de marginación y prejuicios sociales, no basta la aplicación del principio de la igualdad real y prohibición de toda discriminación que, normalmente, operan expost a la perpetración del acto discriminatorio. Por lo anterior, es preciso que los poderes públicos actúen el principio de apoyo a tales grupos con políticas públicas y medidas normativas efectivas.
El principio de apoyo a los grupos discriminados previene y se anticipa a las discriminaciones, de modo que tiene un efecto exante, respecto de estas”.
Esto trae tranquilidad para desarrollar fervorosamente los próximos retos de esta población desprotegida por el ordenamiento jurídico en general.
El beneficio es también directo para otras poblaciones minoritarias como la de los indígenas, los afrodescendientes y otros grupos discriminados en razón de sus diferencias, con las costumbres de la mayoría, cuya integridad peligraría si estas mayorías pudieran imponer criterios sobre derechos fundamentales a las minorías.
Quedó demostrada la supremacía constitucional por encima de las interpretaciones antojadizas de otros órganos del Estado y de organizaciones particulares, delimitando en forma definitiva los linderos de los derechos humanos tan manoseados por grupos trogloditas que tratan de imponer barreras para que la humanidad se estanque y que permanezca cerca de la Edad Media.
Mas el reto de mayor peso es el deber que de nuevo la Sala IV reitera a los diputados de legislar para que, de una vez por todas, esta comunidad de diversidad sexual tenga las garantías patrimoniales y personales que los individuos necesitan para cristalizar, en igualdad de derechos, sus proyectos de vida.
Queda en manos de mentes abiertas, conscientes y preclaras, horadar las ya debilitadas estructuras arcaicas que impiden la paridad entre los derechos de los unos y de los otros.
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