EscucharDurante enero pasado, La Nación publicó notas, artículos de opinión y editoriales para posicionar la idea de que las tarifas eléctricas del país son caras y, por ende, alejan la inversión extranjera y el país dejó escapar capital privado dirigido a energías renovables. Paso a contrarrestar esas premisas con los criterios técnicos correctos.
Impacto tarifario y atracción de inversión. El documento citado sobre este tema, publicado por la Cepal, ofrece un análisis de tarifas por escalas de consumo y, además, una escala de los precios medios regulados de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). En ese segundo análisis, Costa Rica se ubica entre los más bajos, junto a El Salvador y Honduras.
Este dato gana relevancia al relacionarlo con los subsidios eléctricos en Centroamérica, particularmente, los dirigidos a los sectores residenciales. Muchos de ellos se distribuyen erróneamente, pues se asocian al consumo de cada hogar, lo cual genera que los de mayor consumo obtengan mayores privilegios.
Para beneficio nuestro, Costa Rica es la única nación centroamericana donde el Estado no subsidia la electricidad. A manera de ejemplo, en El Salvador fue noticia recientemente que las distribuidoras reclamaron a su gobierno deudas por el no pago de subsidios otorgados a los usuarios y advirtieron sobre racionamientos si esos montos no se les cancelaban. ¡Esto jamás ocurriría en Costa Rica!
Sobre inversión extranjera directa, al contrario de lo planteado por La Nación, esta presenta datos vigorosos según el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco Central. En el 2017, el crecimiento fue del 7 %, el país superó la meta anual en solo nueve meses. El rubro de mayor aporte a este incremento fue el de fabricación de equipos médicos y de precisión con un 27 %; justamente, esta es la industria que buscamos atraer porque requiere servicios eléctricos de alta calidad al igual que los puestos de trabajo que generan.
Por responsabilidad con los costarricenses es imprescindible destacar que, tal y como este gobierno se comprometió con el pueblo hace cuatro años, las tarifas eléctricas son hoy mucho más baratas que en el 2014.
Al primer trimestre del 2018, la rebaja acumulada superará el 14 % para todos los sectores y con méritos que son profundamente atractivos para la inversión extranjera: tenemos un sistema eléctrico solidario con el 99,4 % de cobertura –de las más altas del continente–, con calidad y continuidad de primer mundo y, contrario al resto de Centroamérica, producimos nuestra electricidad en un 99 % con fuentes limpias en beneficio de la salud, el ambiente y la competitividad.
Inversión en renovables. Las estimaciones lanzadas sin sustento en los mencionados artículos no sirven para argumentar un tema de profundidad técnica como lo es la inversión en energía. Indicar que del país se alejaron proyectos renovables que sumaron $1.000 millones, más allá de la especulación, omite factores de fondo.
El primero es que Costa Rica tiene satisfechas sus necesidades eléctricas presentes y planificadas las de mediano plazo, con la capacidad instalada necesaria para operar un sistema basado en fuentes renovables.
Adicionar plantas o suscribir más contratos de compra de energía aumentaría el costo del servicio, pues subirían los gastos de capital y no bajarían los costos operativos.
Alcanzar un balance entre inversión privada y pública en la generación eléctrica es vital para no forzar aumentos de tarifas. Por ejemplo, Guatemala sufre problemas de sobreinstalación por carecer de mecanismos para limitar la construcción de proyectos, que al final compiten por una transmisión regional limitada.
El segundo factor es que, en los últimos cuatro años, casi la mitad de las plantas eléctricas nuevas operadas en Costa Rica son de capital privado. Aquí los datos: desde el 2014, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) adicionó 17 plantas nuevas que añaden 711 megavatios de capacidad instalada.
Exceptuando a Reventazón, que cuenta con un embalse de regulación que brinda firmeza, todas emplean fuentes variables renovables (filo de agua, viento y sol) por lo que el ICE debe brindarles respaldo y otros servicios complementarios para que sean funcionales.
De esas 17 plantas, 12 son privadas –alcanzan 334 megavatios– en modalidades BOO (construir, operar y poseer) y BOT (construir, operar y transferir). Es decir, en los últimos cuatro años, el 47 % de la capacidad eléctrica agregada de Costa Rica provino de inversión privada.
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Para redondear la ecuación, agrego un factor de gran peso para las finanzas del ICE y de impacto directo en las tarifas finales a todos los consumidores: en los últimos siete años, y en acatamiento de las leyes 7200 y 7508, el ICE ha pagado a los generadores privados ¢850.000 millones (cerca de $1.500 millones). Si lo vemos por año, el peso es aún más notable.
En ese mismo lapso, el pago anual del ICE a los privados aumentó un 23 %: pasó de ¢67.000 millones a ¢123.000 millones. Y para el 2018, el panorama sigue al alza, ya que el ICE ha proyectado que tendrá que pagar ¢128.000 millones por este concepto.
Sin embargo, es justo que los costarricenses sepamos también que con respecto a las tarifas, en el 2018 y años por venir, efectivamente la tendencia será a la baja, principalmente por el vencimiento de fideicomisos en proyectos de infraestructura de generación eléctrica.
La información de La Nación, que nos invita a un debate democrático sano, no puede pretender hacerlo si omite los balances necesarios y los criterios técnicos correctos. La electricidad es esencial para nuestras vidas y para el país. Su análisis no debe sesgarse con visos ideológicos, ausencias de datos ni posiciones parcializadas.
El autor es ministro de Ambiente.
