EscucharLa primera pregunta que escucho acerca de Nicaragua es en qué se parece esta segunda etapa de la revolución a la primera. Es lo que he oído a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Madrid y a los de la Universidad de los Ozarks, en Arkansas, en los últimos días.
Mi repuesta es que no hay tal segunda etapa de la revolución. La revolución comenzó con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en 1979 y terminó con las elecciones de 1990, que el Frente Sandinista perdió, hace ya veinticinco años, frente a una coalición de partidos de oposición que llevaba como candidata a doña Violeta Barrios de Chamorro.
La pregunta es justa, porque se basa en el hecho de que Daniel Ortega, presidente sandinista de los años ochenta, lo es hoy otra vez, a partir de las elecciones del 2006, cuando ganó por el 38% de los votos, y luego fue reelegido en el 2011. Ahora no sabemos si será candidato de nuevo, o lo será su esposa, quien gobierna junto con él.
El poder actual pretende envolverse en la misma retórica revolucionaria de aquellos años, pero se trata de un discurso que suena a imitación, o falsificación. Imperialismo, burguesía, soberanía nacional, socialismo, son palabras de ese viejo diccionario que perdieron su significado porque el mismo poder se lo ha quitado. O hay que leer ese discurso al revés, como si fuera todo lo contrario.
Discurso nada más. Lo que existe es un régimen familiar que busca perpetuarse de manera indefinida. Los pobres siguen igual de pobres, desorientados por las políticas populistas del gobierno. Hemos regresado al viejo caudillismo, que ha sido la tradición política de Nicaragua desde el siglo diecinueve, una sola persona en el poder que junto con su familia lo controla todo.
No hay ningún traslado real de la riqueza a manos de los más desamparados. El 48% de la población subsiste con menos de 2 dólares al día, y, de entre ellos, la mitad subsiste con menos de 1 dólar al día. Nicaragua ocupa uno de los tres últimos lugares en los índices de miseria de América Latina, junto con Haití y Honduras.
El discurso de defensa a ultranza de la soberanía nacional en contra del imperialismo yanqui no es más que humo. Los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe no tienen ya nada que ver con la antigua guerra fría, como lo demuestra el inicio de la normalización de relaciones con Cuba.
En un artículo publicado recientemente en Blomberg, se cita a William Brownfield, subsecretario de Estado para Narcóticos, diciendo que “los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para proteger a su pueblo y su territorio de las actividades de los traficantes de droga han sido muy positivos”, lo cual es más importante, afirma, que los “diversos elementos complicados” en las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua. La cooperación para detener cargamentos de drogas es lo estratégico en estas relaciones, no la democracia.
Esta posición demuestra que la progresiva desaparición del sistema democrático en Nicaragua no es motivo de preocupación de los Estados Unidos, ni tampoco de ningún país relevante, en un mundo conmocionado por la amenaza del terrorismo yihadista y el califato islámico, igual que por el creciente poder de los carteles internacionales de la droga.
Defensa de la soberanía. El credo del general Sandino, que inspiró la lucha del Frente Sandinista, estuvo basado en tres principios básicos: soberanía nacional, democracia y justicia económica. En su resistencia contra las tropas de ocupación de Estados Unidos hasta que logró su salida de Nicaragua, la defensa de la soberanía nacional fue lo más relevante. Y ahora ha sido entregada a China.
La idea de la construcción de un canal interoceánico ha gravitado sobre nuestra historia desde los tiempos de la colonia, y Estados Unidos le impuso a Nicaragua un tratado en 1914 para construir ese canal, algo que nunca hizo. Ahora, Wang Ying, un desconocido millonario de Pekín, cien años después, es el nuevo amo y señor de la soberanía nicaragüense, como concesionario del canal a través del Tratado Ortega-Wang, con duración de cien años.
Ortega ha sabido tocar un resorte de esperanza muy antiguo en el alma de los nicaragüenses. Cuando la construcción del canal se anunció en el 2013, se prometió la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo, una cifra estrafalaria. Ahora ha sido reducida a 30.000 empleos de baja categoría, mientras los puestos mejor calificados serían para los chinos que llegarían masivamente al país para hacerse cargo de las obras.
La revista The Economist, en un análisis del estado democrático en el mundo, divide a los países entre democracias plenas e imperfectas, y regímenes autoritarios e híbridos. Nicaragua es enlistada entre los “regímenes híbridos”.
En estos sistemas, afirma el análisis, existen irregularidades sustanciales en las elecciones que usualmente las alejan de ser libres o justas, y serias debilidades institucionales, mayores a las que tienen las democracias imperfectas. En este mismo grupo estarían también Ecuador, Honduras, Guatemala y Bolivia. Solo dos países de América Latina –Uruguay y Costa Rica– califican como “democracias plenas”.
Pero la frontera entre regímenes autoritarios y regímenes híbridos es muy tenue, y ya Nicaragua ha avanzado no pocos pasos para adentrarse en ese oscuro territorio de la ausencia de democracia. Ortega, o su esposa, se impondrán de cualquier manera en las elecciones presidenciales del 2017.
Pero los gobiernos familiares han terminado siempre en grandes desastres políticos. Las tensiones empezarán a manifestarse y crecerán en la medida en que las esperanzas creadas por el discurso populista de Ortega se agoten, sobre todo con el final de la cooperación de Venezuela, que debe enfrentar los bajos precios del petróleo, el desabastecimiento, la inflación y una crecida deuda externa a corto plazo.
Y otro punto importante de inflexión será el fracaso del proyecto del canal, percibido hoy como una gran esperanza, y que se convertirá en frustración cuando el tiempo demuestre que no era sino un invento desalmado.
