EscucharAfirmé con total convicción histórica que, desde sus orígenes, la socialdemocracia fue alternativa frente a las tesis marxistas del siglo XIX. Por este hecho un articulista me lanza en esta sección una invectiva (E. Gomáriz, “Justicia social y democracia”, La Nación, Foro, 16/11/2010) afirmando que dicha aseveración es una falsedad.
Como no pretendo utilizar este escaso espacio extendiéndome en disquisiciones, me limitaré a referirlo al Dr. Alfonso Carro, prohombre de la socialdemocracia costarricense, quien resume sin ambages lo que me resultó una cita oportuna que permite contestar lacónicamente: “Los que desconocen la historia de las ideas políticas ignoran que las más importantes reacciones contra ciertas formas de socialismo, no vinieron del liberalismo o del despotismo, sino del seno del propio socialismo. El fabianismo, Kautsky y Bernstein, que están en la base de la socialdemocracia, fueron los primeros más importantes críticos y adversarios del marxismo...” (El pensamiento socialdemócrata, 1986).
Esa afirmación del Dr. Carro es una realidad inobjetable del pensamiento político y que históricamente se tradujo en sangrientos enfrentamientos. Pero más que contestar devaneos argumentativos impertinentes, reafirmo otras observaciones que podrían ser de provecho al país. El decimosexto informe del Estado de la Nación, nos plantea importantes retos dentro de un contexto de deterioro fiscal, desempleo y frágil crecimiento.
Como esencialmente el sistema fiscal es un instrumento del desarrollo, así el problema de nuevos impuestos y más carga tributaria, bajo dichas condiciones solo se justifican si están indisolublemente asociadas a la proposición y ejecución de objetivos de desarrollo a gran escala.
Problema fiscal. De ahí que, si además hay condiciones de parálisis política, cualquier objeción hecha a propuestas de nuevos impuestos cae en tierra fértil. Pensar en imponerle más impuestos a una economía deteriorada – e inmersa en un contexto económico internacional aún peor– puede ser una apuesta riesgosa si la nueva carga tributaria no está condicionada en virtud de metas específicas de desarrollo, traducidas en proyectos concretos.
Para ilustrar el punto, una anécdota. En su segunda administración de 1953, José Figueres quería extender la oferta de enseñanza secundaria del país que para entonces estaba limitada a poco más de cinco colegios en toda la nación. Durante un Consejo de Gobierno, preguntó a su ministro de Hacienda las posibilidades financieras de construir un número determinado de nuevos colegios, a lo que su ministro contestó que la cantidad que el Presidente proponía era inviable, pues la edificación de dicho número de centros provocaría un agudo problema fiscal.
Refiere la leyenda política que –en media sesión ministerial– Don Pepe espetó a su ministro: “Pues si a esto se lo va a llevar carajo, ¡que sea por algo!, ¡construyan el doble!” Como resultado de aquella singular determinación, durante los Gobiernos socialdemócratas de la década de 1950 y 1960, el crecimiento de la oferta académica secundaria creció exponencialmente en mucho más del cien por ciento. Y el país no se derrumbó, sino que creció.
Dicha anécdota nos ilustra un principio político fundamental de la socialdemocracia: que el sistema tributario debe subordinarse al ideal político genuino, siempre y cuando este se traduzca en la proposición y ejecución de verdaderos objetivos de desarrollo. Como si fuese un buen baquiano, el decimosexto informe nos orienta cuáles son las necesidades más urgentes de nuestro desarrollo, y por tanto, hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos nuestro actual Gobierno socialdemócrata.
Deuda ecológica. Pese a que somos una nación internacionalmente reconocida como defensora del ambiente, mostramos una deuda ecológica creciente. Solo entre el 2002 y el 2009, el déficit de territorio para satisfacer la biocapacidad de cada costarricense aumentó en 13 hectáreas. El informe acierta en señalar que buena parte de este problema lo generan nuestros patrones de emisión de contaminantes por transportes. De esta estadística se infiere que la decisión de cerrar la operación de los ferrocarriles eléctricos –tomada en la administración 1994-1998– fue un error en cuya reversión hoy se debe continuar con mucho más impulso.
La reactivación total y modernización de los ferrocarriles debe ser prioridad nacional. Incluso, debe valorarse con seriedad la viabilidad del megaproyecto de inversión internacional, al que se denomina “Canal seco”, que pretende establecer un conjunto de líneas férreas que unan el Atlántico con el Pacífico –entre Parismina y Cuajiniquil– y creando un polo de desarrollo en el norte del país.
Igualmente, esta administración debe proponerse la definitiva ejecución de la hidroeléctrica Diquis. En un escrito reciente, el Dr. Juan José Sobrado denuncia que –de no operar Diquis– las plantas térmicas que sustituirían a la hidroeléctica, necesitarían consumir bosque nuevo por una cantidad cercana al 5% de nuestra extensión total. Esto para poder absorber la cantidad de carbono que ellas lanzarían.
Reforestación. Si sumamos la anterior denuncia y las estimaciones alcistas de nuestra huella de carbono documentadas por el decimosexto informe, otra conclusión es que un tercer objetivo indispensable de nuestro desarrollo, debe ser una más agresiva política pública de reforestación del territorio nacional. Sabemos que buena parte del deterioro forestal está determinado por las necesidades de crecimiento tanto de la frontera agrícola como de la urbana.
Entre otros requerimientos, aquello además obliga desarrollar, por una parte, políticas públicas habitacionales que rompan con nuestro paradigma cultural de vivienda horizontal. Cuando tuve la oportunidad de servir al país como directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda, pude constatar la resistencia del sistema para promover la ejecución de proyectos habitacionales verticales que mitiguen el problema de la extensión de la frontera urbana.
Y, por otra parte, dentro del esfuerzo por detener el crecimiento de la frontera agrícola, igualmente es urgente que nuestras autoridades agropecuarias establezcan políticas públicas más agresivas que estimulen la aplicación de alta tecnología, tanto en la agricultura intensiva como en la ganadería intensiva.
