En los últimos días, La Nación informó e incluso editorializó sobre el problema de disposición final de residuos sólidos, particularmente sobre la existencia de al menos 38 sitios en todo el territorio nacional donde actualmente se bota la basura, contaminado el ambiente, perjudicando a la salud pública y violando las normas legales que regulan la actividad de disposición final de los residuos sólidos. También se hizo ver que tan solo hay unos diez lugares en donde los residuos sí son tratados conforme corresponde; uno de ellos es el relleno sanitario de Miramar, que la empresa Tecnoambiente construyó y que la señora Presidenta inauguró el pasado 5 de agosto del 2011.
En su editorial del pasado 3 de febrero, La Nación nos dice, con justa razón, que parte del problema es que las municipalidades no disponen de otro lugar para enterrar la basura. Eso ha servido como excusa en muchos lugares, para violar la ley, incumplir los deberes de los jerarcas municipales y del Gobierno central, en perjuicio al ambiente y la salud. También insinúa el editorial que los requisitos para operar son laxos, lo que conlleva a la problemática que enfrentamos.
La verdad es que los requisitos para construir y operar verdaderos rellenos sanitarios no son laxos. A Tecnoambiente le demoró más de cinco años de trámites ante la Setena, el Tribunal Ambiental, el Minae, la Sala Constitucional, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Montes de Oro y hasta el Tribunal Contencioso Administrativo, para lograr los permisos de construcción y operación del relleno sanitario, y hubo que hacer una inversión de más de 6 millones de dólares para construirlo, siendo el más grande y moderno de Costa Rica.
Políticos negligentes. Lo que sí es laxo, es el actuar de las instituciones rectoras que tienen la obligación de velar por que las Municipalidades cumplan con la ley, y no lo hacen. Lo que sí es laxo, es el compromiso de algunos alcaldes de velar porque sus residuos sean tratados conforme corresponde, y no lo hacen. Lo que sí es laxo, es el ejemplo que dan diputados y miembros del Gobierno, que presionan a los jerarcas que deben velar por el cumplimiento de la ley, para que no hagan caso de lo que los técnicos de los Ministerios de Salud y Ambiente dicen, o de lo que dice la ley o de lo que dice la Presol, que es la política pública para el manejo de los residuos sólidos, aprobada desde el 2008.
En Miramar está uno de los sitios que desde hace muchos años debió haber sido cerrado, por su constante contaminación del medio ambiente. Son decenas las órdenes sanitarias y los compromisos adquiridos que han sido violados sistemáticamente y, aun así, el botadero de Zagala sigue operando.
Los jerarcas de la Municipalidad de Puntarenas, propietaria de ese sitio, incluso han faltado a la verdad ante la Sala Constitucional cuando, al contestar varios recursos de amparo, le han dicho que no pueden cerrar su sitio ya que no hay en esa zona otro sitio donde disponer la basura, aunque ellos muy bien saben que el nuestro se encuentra a menos de un kilómetro de distancia de Zagala.
La responsabilidad legal, técnica y ambiental de que los residuos sólidos no sean tratados conforme corresponde es de los gobiernos locales. Sin embargo, la responsabilidad política del problema que estamos viviendo es del Gobierno central, que ha alcahueteado muchas de estas irregularidades.
Si a nivel local no se cumple con su obligación, esperaríamos que el Gobierno central haga lo que le corresponde para poner coto a esta situación, obligando a los gobiernos locales, como mínimo, a cumplir la ley. Si no lo hacen, ¿con qué cara luego nos piden a los ciudadanos que hagamos lo propio?
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