15 octubre, 2014

Costa Rica es un país rico por su naturaleza y con un gran capital humano, ubicado en una región estratégica desde el punto de vista geocomercial. Entonces, ¿por qué nuestro Estado resulta ser tan ineficiente y provoca un malestar creciente en la población?

El artículo de Miguel Gutiérrez Saxe, “Fuentes del malestar ciudadano”, publicado el sábado 20 de setiembre en esta página, aporta criterios destacados sobre los problemas de gestión del país que deben ser objeto de análisis y reflexión. Los menciono primero, en ayuda a la memoria, para aportar a continuación algunas propuestas concretas.

Señala don Miguel como aspectos centrales “la corrupción y la impunidad” –que hacen perder la fe en la gestión pública–, “dar menos y ofrecer más” –una política chata que termina devaluando la legalidad–, “reformas ‘erróneas’” –aplicación de controles que, en vez de facilitar la gestión, la complican–, “perder-perder” –una oposición ciega que pretende ganar haciendo perder a su rival–, “solo para algunos” –impulsar un modelo que concentra lo beneficios en el 20% y erosiona peligrosamente el tejido social– y “pérdida de rumbo” en la visión de país.

Otros aspectos. Pienso que a estos aspectos hay que añadir otros no menos importantes, pues afectan el funcionamiento de todo el sistema público. Me refiero en primer lugar a la amenaza de secuestro en que tiene sumida a la Asamblea Legislativa el reglamento actual, y a las posiciones y peso desmedido que tienen los grupos de interés financieros y gremiales, o sea, los grupos corporativos dentro el sistema institucional, y que generan desbalances en contra del interés público. Sirvan de ejemplos el peso de los banqueros en la Sugef, que mantiene “majados” más de ¢350.000 millones destinados a la banca de desarrollo, o el de los autobuseros, que impiden un reordenamiento de las líneas metropolitanas manteniendo un sistema de los años 40, o el de los gremios médicos o de educadores sobre la salud y la educación, que limitan el desarrollo de la CCSS y la educación nacional.

No menos importante es la débil, por no decir “nula”, presencia de los intereses regionales y locales en la aplicación, carente de coordinación y evaluación, de las acciones institucionales centralizadas. Y la forma en que se ignoran gran parte de las mejores prácticas en actividades económicas y profesionales regionales y nacionales, que podrían orientar e innovar las políticas públicas.

Hecha esta inclusión, que no pretende agotar la lista, viene al caso retomar al doctor Gutiérrez cuando afirma: “Es un acierto asumir la probidad y la lucha contra la corrupción como ejes; sin embargo, sería desperdiciado, si no se acompaña por intervenciones concretas y efectivas en materia de transparencia, anticorrupción y probidad. Recordemos que muchas acciones son meramente administrativas, que dependen, directa o indirectamente, de un Gobierno Central que actúe con información correcta y corroborada, y no suponen, al menos inicialmente, la intervención de otros poderes de la República y largos periodos de espera entre el hecho y su corrección y sanción”.

Acciones estratégicas. Es cierto que este Gobierno ha iniciado negociaciones con los miembros de las fracciones legislativas para variar el reglamento legislativo y ha empezado a promover los consejos de desarrollo territorial para activar las fuerzas regionales y territoriales, y eso está bien, pero debe ampliarse y complementarse con acciones estratégicas para que, además de “reinar” formalmente, pueda gobernar de verdad y no lo hagan en su lugar los grupos de interés y cuadros medios.

En Ecuador, cuando el presidente Correa llegó al poder, se encontraba en una situación similar de la Administración Pública, y quizás peor, a la que encontró en nuestro país don Luis Guillermo. Para cambiar las cosas, tuvo que recurrir a una constituyente, cosa que logró con gran respaldo popular. Una vez aprobada la nueva Constitución, realizó nuevas elecciones que lo ratificaron y le dieron la mayoría en el poder legislativo. A partir de ahí, refundió instituciones y cerró las que no operaban, incluyendo universidades ineficientes, y ha empezado una nueva época para su país, donde ha ganado varias elecciones consecutivas.

En Costa Rica parece que no tenemos, por el momento, condiciones para llamar a una nueva constituyente, pero disponemos de un mandato constitucional poderoso que, de aplicarse, puede contribuir a colocar en su lugar a las corporaciones y los mandos medios, que son los que siguen gobernando de hecho.

Este mandato ha sido mencionado por el señor presidente, al menos dos veces, desde que asumió el poder, y se refiere al artículo 11 de la Constitución, que demanda hacer evaluaciones de resultados, con la posibilidad de destituir del puesto a quienes incumplan con sus funciones.

Esta tarea no debe postergarse condicionándola a una nueva legislación, ya que basta con la existente.

Camino indispensable. Hay que iniciar la transformación institucional administrativa durante este Gobierno, ya que es un camino indispensable, aunque no el único, que nos puede alejar de la descomposición y pérdida de confianza, pero requiere decisión y recursos adecuados, que deben incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo para evitar que el malestar se transforme en frustración y les pase la factura a los nuevos gobernantes.

Tengamos presente que existe un alto nivel de expectativa en la ciudadanía respecto al nuevo Gobierno, del cual se espera, precisamente, que gobierne, preparando y realizando las transformaciones que el país necesita.

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