En la promoción del desarrollo nacional, el Estado tiene una importante función que cumplir. La experiencia internacional demuestra que su acción oportuna y eficiente en áreas como la salud, educación, seguridad e infraestructura pueden potenciar de forma impresionante el crecimiento económico y la justicia social.
La efectiva labor del Estado, dentro de la estrategia nacional de desarrollo, resulta de la combinación de dos variables fundamentales: disponibilidad de recursos y eficiente aplicación de estos. Los distintos actores sociales están en la permanente obligación de exigir del Estado, un uso eficiente de los recursos con que ha sido dotado para llevar adelante su obra.
Desde esta perspectiva, el sector empresarial considera que el reto más apremiante del Estado costarricense hoy estriba en dos campos fundamentales: primero, es urgente avanzar con decisión en procura de un Estado más ágil y eficiente, para lo cual habrá que luchar contra una atrofiada estructura burocrática, característica del sobredimensionamiento institucional de décadas anteriores; segundo, es igualmente urgente liberar recursos para fortalecer la acción estatal en aquellas áreas que potencian el desarrollo social y económico del país (salud, educación, seguridad, infraestructura, etc.), para lo cual habrá de plantearse una ambiciosa estrategia de privatización que permita reducir sustantivamente el nivel de endeudamiento público.
La carga financiera que enfrenta actualmente el Estado costarricense se ha convertido en uno de los principales obstáculos para dinamizar el desarrollo. En 1995, casi una tercera parte del Presupuesto Nacional se destinó a este rubro, restringiéndose así la posibilidad de aplicar recursos en aquellas áreas estratégicas que demanda la sociedad. Para visualizar la magnitud de este problema, conviene recordar que la atención de la deuda pública en 1994, ya absorbía casi el doble del presupuesto asignado en ese entonces al Ministerio de Educación, y representaba 5 veces el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 9 veces el de Agricultura, 11 veces el de Salud y 22 veces el de Seguridad.
Si los ingresos regulares del Gobierno únicamente le permiten cubrir sus egresos regulares, es evidente que no habría posibilidad alguna de reducir el tamaño de la agobiante deuda pública. Por lo tanto, si no se considera con seriedad la venta de activos públicos, sean estos estratégicos o no, la posibilidad de revertir esta dañina situación es prácticamente nula.
No obstante, la opción de vender activos tiene que ir acompañada de un conjunto mínimo de requisitos para que el proceso no degenere en un perjuicio patrimonial para el país. Primero, tiene que garantizarse que los activos privatizados no se regalarán; segundo, tiene que existir un clima de severa disciplina fiscal para evitar que los desequilibrios presupuestarios vengan a drenar nuevamente las arcas públicas.
En Costa Rica privatizar es sinónimo de regalar activos públicos a grupos o sectores sociales ligados de forma directa o indirecta a las empresas, con lo que se pierde la posibilidad de amortizar parte del principal de la deuda y revertir el serio problema que aquí se ha comentado. Este grave error debe enmendarse si se toma la decisión de continuar por la senda de la privatización. Para nadie es un secreto que CEMPASA fue vendida a un precio muy inferior a su verdadero valor, dejando el Estado de percibir miles de millones de colones que hubieran servido para reducir la onerosa carga de la deuda interna.
Para evitar situaciones que menoscaben el patrimonio del Estado en el proceso de privatización, es necesario considerar la contratación de firmas extranjeras especializadas en la materia, para que realicen rigurosos estudios tendientes a determinar el precio de mercado de los activos a ser vendidos. Una vez fijado el precio, la venta debe realizarse a través de un concurso internacional, en el que puedan participar tanto extranjeros como nacionales. La venta debe hacerse al mejor postor y sería recomendable que fuese una Comisión de prestigio, designada por las autoridades, quien defina a quién se venden finalmente los activos.
Los dineros recaudados se deberían aplicar íntegros a la amortización de la deuda interna. No hacerlo sería como vender las joyas de la abuela para quedarse después sin las joyas y con la deuda. En síntesis, para el sector empresarial deben de buscarse avenidas para privatizar, en primera instancia, aquellos activos no-estratégicos del Estado, procurando simultáneamente mejorar el desempeño de las empresas públicas que permanezcan aún bajo la órbita estatal. Dentro de esta estrategia, resulta fundamental tener en consideración las recomendaciones aquí esbozadas, características de un proceso serio de privatización.
(*) Presidente de la Unión de Cámaras