Opinión

El precio del dinero

Actualizado el 22 de octubre de 2015 a las 12:00 am

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El precio del dinero es el que cobran los bancos a sus clientes por cada crédito que les otorga o el que les pagan por el dinero que los clientes depositan en sus cuentas de ahorro, corrientes o en títulos a plazo.

A este tipo de precios se les denomina tasas de interés, sean activas o pasivas. Para determinar dicho precio, los bancos suman el costo financiero –lo que le cuesta al banco captar fondos o pedir prestado– y el costo operativo –el gasto que hace el banco en planilla, publicidad y otros–, a lo que se le agrega un margen de utilidad.

De esta forma, si el costo financiero o el operativo, o ambos, son muy elevados, el precio del dinero a la hora de prestarlo será, igualmente, elevado.

Los dos más grandes bancos públicos, el BNCR y el BCR, son los que determinan, por su tamaño, el precio del dinero en el mercado local –es decir la tasa de interés de los créditos–, pero no así el precio que pagan por los fondos que captan ya que, en este último caso, deben competir con los otros dos grandes consumidores de recursos como lo son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

Si las necesidades del Gobierno o el Banco Central son muy altas, captarán más y los bancos tendrán que competir con precios al alza con esos dos grandes competidores. Un cambio en la metodología para calcular la tasa básica pasiva –como lo ha anunciado el Banco Central– si no recoge objetivamente el precio de captación de los recursos será una peligrosa manipulación que puede conducir a males mayores.

Sumado a ello, si el gasto operativo de los bancos es muy alto –y lo es en el caso del BCR y el BNCR– el precio del dinero al que se presta será muy elevado porque con lo que paga el cliente, además de cubrir el costo del fondo el banco tiene que pagar su frondosa burocracia (convenciones colectivas incluidas).

Pero, además, en el caso de estos dos grandes bancos públicos, hay otras obligaciones “parafiscales” que se reflejan en el precio del dinero: las transferencias de un 10% de sus utilidades a Infocoop, un 5% a Conape, un 3% a la CNE y un 15% al Fondo de Pensiones de la CCSS.

Si se le añade el 30% del impuesto de renta, las transferencias a terceros, luego de provisiones, será del orden del 63% de sus utilidades; solo un 37% quedará para su capitalización o ampliación de su cartera de crédito.

Asuntos que explicar. Ahora, cuando el Poder Ejecutivo apuesta por una baja, al menos de dos puntos porcentuales en las tasas de interés a los créditos para dinamizar la economía, debería explicar cómo hará para bajar la presión de Hacienda y el Banco Central sobre el mercado local de dinero y para lograr que los bancos comerciales del Estado mejoren su eficiencia operativa sin despidos masivos ni desconocimiento de los beneficios de la convenciones colectivas vigentes, y revisar las cargas parafiscales que estos soportan en beneficio de terceros.

Valga advertir que cualquier banco que tenga que competir con el Estado para captar recursos y al mismo tiempo deba transferir el 67% de sus utilidades a terceros será, inevitablemente, caro.

Definir el precio del dinero no es tan fácil como soplar y hacer botellas o, más claro aún, no bastará con pedirlo y que suceda.

Pablo Ureña es abogado.

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