EscucharQuiero referirme a las noticias sobre “pensiones ruinosas” o de “privilegios” que se han venido publicando recientemente. Esto parece ser un capítulo sin terminar y que, sin duda, todavía nos quita la paz a algunas personas. Creo que este tema, como un fantasma de los malos, puede aparecer una y otra vez, porque no se ha resuelto el problema de fondo. Quiero aportar mi punto de vista al respecto, como afectada directa. Para ello quiero esbozar los siguientes puntos.
1. En 1995, durante el gobierno del señor Figueres Olsen, y con el apoyo de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, pasó la ley 7531. Sobran los dedos de la mano para recordar el número de diputados que se opusieron y trataron de detener tan nefasto proyecto, como lo podemos constatar en las actas y archivos de la misma Asamblea Legislativa. Así, la ley entró en vigencia en menos de un mes y las educadoras(es) no pudimos hacer nada. Luego, todos los intentos de cambiar las cosas mediante múltiples recursos de amparo fueron considerados sin lugar, por quienes sabemos integraban la Sala IV en ese año y periodos siguientes.
2. En consecuencia, algunos afectados por la ley 7531 optaron por pasarse al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque las cuotas que tendrían que pagar para su jubilación eran hasta de un 15 % menos. Otros optamos por permanecer en lo que se empezó a llamar “Régimen Transitorio de Reparto (RTR)” del Magisterio Nacional. En este caso, se nos empezaron a aplicar cuotas exorbitantes, que más que privilegios en la jubilación garantizaban el “descuido” social a un sector de adultos mayores.
3. Además, cabe mencionar que quienes se trasladaron al IVM obtuvieron un bono en pago de las cuotas que habían hecho a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, que siempre fueron más altas que las del Régimen de IVM, pero hasta ese entonces no tan abusivas. Está claro que quienes abandonaron el régimen de pensiones del Magisterio Nacional estaban en su derecho de recibir el bono, pues era su dinero, pero en el fondo, y a criterio personal, creo que fue un incentivo en la búsqueda política de desmovilizar más a un gremio ya para entonces dividido.
4. Las(os) que nos quedamos en el RTR no pudimos suscribir contratos para gozar de una pensión complementaria voluntaria –con las ventajas económicas de éstas–, pues ya no podíamos cotizar más para nuestra vejez. Esto, a diferencia de muchos que se trasladaron al Régimen de IVM y remediaron así su situación personal. Desde el punto de vista financiero, esto marca grandes diferencias entre quienes hemos estado cotizando para dos regímenes diferentes durante casi dos décadas.
5. Incluso, las(os) que optamos por permanecer en el RTR, si hubiéramos tenido la opción de depositar nuestro dinero en un banco, posiblemente no hubiéramos tenido que esperar a jubilarnos, dado el gran monto aportado. Además, es del conocimiento público que todavía seguimos pagando “solidariamente” para pensión, cuando ya estamos pensionados, lo cual no ocurre, hasta donde entiendo, en ningún otro régimen de pensiones en Costa Rica. Es como pagar dos impuestos sobre la renta, por lo que realmente enriquecemos los fondos públicos y en nuestro caso, los jubilados con la ley 7531 y que hemos estado en el RTR, estamos lejos de arruinar la capacidad financiera del Estado.
6. Pero quiero dejar claro también que el asunto de las cuotas o poder de recuperación no fue el único punto de discordia con quienes escribieron históricamente la ley 7531. Se pueden enumerar muchos más puntos cuando fundamentamos y decimos que la ley 7531 representa una injusticia, pero este no es el momento, por lo que no viene al caso anotarlos.
7. Ahora que se nos comunica que se aboga por un traslado al RTR, considero que posiblemente esto no se da porque de repente algunos crean que la ley 7531 es mejor que las leyes que rigen el IVM. A mi parecer, lo que ocurre es que ellos solo devolverían la diferencia de cuotas sin calcularlas a valor presente, no se calcularían los beneficios por las inversiones que hayan hecho o el costo de oportunidad. Tampoco se analizaría en algunos casos los ingresos extras derivados de pensiones complementarias, lo que haría que en esos casos el monto de jubilación supere en mucho a cualquier tope legalmente definido; podrían disponer de sus fondos en cualquier momento, o sea, como decimos en popular: “negocio redondo”.
8. Si el proyecto que se propone actualmente pasa como se menciona, los miles de millones que costaría su ejecución solo encarecerían aún más el costo de vida para todos, con un fuerte impacto social para la población. En el caso de quienes cotizamos por muchos años para el RTR, incluso lo podríamos ver como mucho más injusto que la población en general, pues se nos estarían disminuyendo una vez más nuestros ingresos para afrontar el pago de beneficios a quienes no han pertenecido ni cotizado en el RTR durante años.
Otro parche. Me pregunto entonces si con este tema de las pensiones seguimos bajo la miopía de algunos dirigentes, o si estamos bajo el ojo del águila o en la tranquilidad que da el ojo del huracán.
Sería terrible si esta ley se supeditara una vez más a lo político. Y es que todo lo anterior me hace pensar que un nuevo proyecto como el mencionado en la noticia parece ser otro parche en un intento de seguir ocultando la causa de los problemas, o sea, la ley 7531 en toda su dimensión y de la cual muchos que están en el ejercicio del poder son responsables.
Ante la evidencia, cabe preguntarnos si esto se hace ahora con miras a deteriorar no solo un régimen de pensiones, sino también todos los fondos públicos durante una nueva administración y sin que importe el bolsillo y el bienestar de todos los costarricenses. Creo que en el fondo muchos sabemos que esto es así, seamos sindicalistas, miembros de juntas directivas, altos mandos de instituciones educativas, legisladores, políticos vitalicios o afectados directos.
¡Que Dios me escuche y podamos corregir este error histórico de una vez por todas! O, al menos, que no se nos siga utilizando a los educadores para fines politiqueros o de otra índole, pues la promulgación y ejecución de la ley 7531 es un hito que marca el momento en que muchos empezamos a sentirnos habitantes indefensos e “indefendidos” en este país.
