7 mayo, 2015

Costa Rica debe dirigirse, y en la práctica lo está haciendo, hacia un sistema más parlamentarista y menos presidencialista.

En los sistemas democráticos, los votos deben contarse y las votaciones interpretarse. A poco más de un año de las elecciones del 2014, debemos revisar su significado: una primera ronda en la que el pueblo optó por bajarles la proporción legislativa al PLN, al ML y al PASE y aumentársela al PAC, al FA y al PUSC, y por distribuir el poder en la Asamblea Legislativa de una forma más equitativa.

La segunda ronda le dio al candidato presidencial del PAC un claro mandato para que cumpliera lo ofrecido.

Las votaciones del 2014 fueron una indicación de que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben, no solo controlarse, sino también cooperar recíprocamente. Fue un llamado a la concertación de las fuerzas políticas para que se tomen las decisiones que por muchos años se han pospuesto.

Posee, la Asamblea Legislativa, una importante representación –además de los partidos más tradicionales– de la izquierda, de los sindicatos, de los empresarios, de los ambientalistas y del conservadurismo cristiano. También sobresalen muchas minorías, en distintas manifestaciones.

Este coctel de fuerzas políticas se ha interrelacionado, en este año, con energía en el seno de la Asamblea Legislativa y en las relaciones con el Ejecutivo, lo que genera una génesis de lo que yo me atrevo a llamar “un nuevo parlamentarismo a la tica”.

Estilo criollo. Es nuevo porque ha habido una creación de comisiones legislativas regionales inéditas, al punto que don Ottón Solís reclamó por su inconstitucionalidad ante la Sala IV.

En la legislatura recién terminada, sobresalió la falta de dictamen del proyecto de presupuesto nacional, presentado por el Ejecutivo, y el dictamen, tanto de mayoría como de minoría, de otros proyectos.

Característica de este “parlamentarismo a la tica” fue que se dio la declaratoria de inconstitucionalidad de la aprobación del trámite de presupuesto mediante el cual se buscó, con base en una ficción legal, tener por aprobado un plan de gastos que no había sido ni siquiera dictaminado en comisión y que, aun así, ¡se puso a votación en el Plenario para luego, en una votación, ser rechazado por la mayoría!

Pero eso no es todo, acabamos de presenciar la intervención legislativa en la relación incómoda por indebida entre el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la República.

Digno de reconocer fue la aprobación por consenso de proyectos de ley polémicos que habían dormido el sueño de los justos: Ley de Banca para el Desarrollo, Ley de Expropiaciones, fideicomisos de infraestructura, el empréstito para la ruta 32.

Un ciclo muy particular. Definitivamente, en los últimos políticamente novedosos 365 días, las fuerzas han interactuado de una manera diferente en la Asamblea Legislativa. Lo mismo espero durante el siguiente año con base en la máxima de que, en la política y en el amor, no hay vacíos, siempre se llenan.

El debilitado sistema presidencialista y la falta de acción durante los últimos 10 años nos llevó a conformar la actual Asamblea Legislativa de fragmentada forma. Los votos a favor del PAC en la fórmula de un Ejecutivo “outsider”, que ofreció y sigue ofreciendo cambio, son un mandato y una orden para el presidente y para su novel, ponderado y conciliador ministro de la Presidencia para que, en coordinación diáfana con el Legislativo, se tomen, finalmente, las hasta ahora postergadas e indispensables decisiones programáticas y estructurales.

Confiados en que así será, el PUSC presentó a todos los costarricenses una agenda para que sirva de base de discusión.

*El autor es presidente del Partido Unidad Social Cristiana