En el Parlamento, las fracciones políticas son minoritarias, y esta realidad obliga a pactar

 1 julio, 2015

Por razones propias de nuestra vida política y de la conformación de los grupos de poder y sus expresiones partidarias, los acuerdos políticos, como momentos públicos de relevancia nacional, no fueron necesariamente la nota característica en la Costa Rica de la mitad del siglo pasado.

Hubo pactos, sí, y muchos, pero de escasa publicidad; la mayoría, más bien en secreto, entre bambalinas.

Los medios de comunicación le daban divulgación a estos acontecimientos, ya fueran en función de impulsar paquetes tributarios o de modificar la legislación electoral. Eran calificados como acuerdos por la “democracia” y el “desarrollo nacional”.

Antes del dominio casi absoluto del bipartidismo, Costa Rica conoció un verdadero acuerdo nacional: el pacto en nombre de las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), personificado por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y monseñor Víctor Manuel Sanabria, entre 1941 y 1943.

La llegada del nuevo siglo trajo consigo cambios radicales en nuestra vida política. Se quebró el poder del bipartidismo, que la sabiduría popular llamó PLUSC, y emergieron nuevas fuerzas.

Llegar a acuerdos en el nuevo escenario no es fácil, tanto por la pluralidad de partidos como por la heterogeneidad de sus posiciones. No hay un centro hegemónico.

En el Parlamento, todas las fracciones políticas existentes son minoritarias, y esta realidad obliga a pactar, a negociar, a llegar a acuerdos y, en condiciones en que la sociedad civil y sus organizaciones han adquiridos una gran presencia y beligerancia, a estar a tono con lo que está ocurriendo a escala mundial. Lo mejor es que dichos acuerdos o coincidencias se hagan públicamente, ante la mirada y, mejor aún, con la participación de la sociedad civil.

Esto es lo que acabamos de hacer el Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y la Coalición Sindical Patria Justa, con el fin, entre otras cosas, de impulsar una reforma fiscal justa y equitativa. También hay otros objetivos, sobre todo de naturaleza social y productiva.

No somos los primeros en trabajar en esta dirección, de impulsar acuerdos políticos, pero sí somos quienes hemos recibido los mayores ataques y tergiversaciones.

Otras alianzas. En el seno del Parlamento, los diputados de los llamados partidos “cristianos” vienen impulsando una agenda común, centrada fundamentalmente en atacar y obstaculizar los proyectos de la agenda legislativa sobre derechos humanos.

Con ocasión del 1.° de mayo, fuerzas opositoras al gobierno de Luis Guillermo Solís se conjuntaron para alzarse con el Directorio legislativo, y lo lograron. Se dijo mucho que el fundamento de esa alianza era un programa para conducir los destinos del Parlamento, pero ese programa nunca apareció, y la alianza se resumió en repartir puestos en el Directorio y en las comisiones.

No obstante, el grueso de la prensa nacional, adversa al Ejecutivo, aplaudió la conformación de esa alianza, aunque nunca aparecieron propósitos de largo aliento que tuvieran que ver con la gobernabilidad del país.

Naturaleza del Parlamento. En democracia, la gestión legislativa se construye sobre la base cotidiana de encuentros y desencuentros, acuerdos y discrepancias, porque esa es la naturaleza del parlamento democrático, y eso no debe asustar a nadie.

Entre 9 fracciones y 57 diputados, repartidos en cerca de 20 comisiones, incluidas algunas de carácter provincial y regional, además de las discrepancias naturales se construyen afinidades y acuerdos que permiten la aprobación de proyectos.

Existen también coincidencias de naturaleza ideológica o táctica entre quienes, siendo de partidos diferentes, tienen puntos de vista común, y eso también se vale.

El pueblo y la ciudadanía, en general, pueden estar seguros de que el acuerdo que acabamos de suscribir dos entidades políticas y un grupo sindical se ha creado por el país y a favor de las mayorías.

Queremos de manera organizada dar nuestra contribución al debate nacional y a la gobernabilidad, y, algo particularmente importante, todos nuestros acuerdos y acciones se harán a la luz pública y bajo el escrutinio del ojo ciudadano.

(*) La autora es presidenta del Partido Frente Amplio