El futuro del sector eléctrico está por decidirse en esta Asamblea Legislativa, entre tres claras opciones:
1. Monopsonio de facto . Es el equivalente a seguir como estamos, con el ICE como el único comprador de la energía producida por los generadores privados, con el ICE como el único agente comercializador nacional ante el mercado regional y como el operador y desarrollador energético dominante.
En este caso, la tendencia al incremento de tarifas seguirá rampante debido al cada día más alto costo de las represas hidroeléctricas y de la generación térmica con búnker cuando se atrasan las megaobras, y el abonado quedará a merced de la protección tarifaria que le brinde la Aresep.
Esto sería el caso resultante de no aprobarse ningún proyecto de ley presentado a la fecha. Las grandes inversiones requeridas para el desarrollo siempre estarán garantizadas por el aval del Estado y por el monopolio de facto del ICE en todo el mercado.
Esta es la opción por la que luchan los sindicatos y jefaturas del ICE, y todos sus protectores políticos en la Asamblea Legislativa.
2. Monopsonio de ley para el ICE (Expediente N.° 18093): Esta es la opción que se persigue con el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica presentado por la Administración Chinchilla, a cambio de elevar los topes porcentuales para la generación privada, y permitir la venta directa para algunos grandes clientes y entre cooperativas y empresas de servicio públicas. No hay una sola cláusula dentro del proyecto que beneficie o proteja al abonado del incremento injusto y desproporcionado de las tarifas eléctricas.
La operación “al costo” seguirá siendo revisada y aprobada por la Aresep a su entera y soberana discreción, y el costo marginal cada vez mayor de las nuevas plantas contribuirá a mantener y disfrazar el alza tarifaria de las viejas plantas por muchos años más.
El alto costo de la introducción de tecnologías verdes con recursos renovables como la geotermia, la solar, la eólica y la biomasa, para su aprovechamiento, en especial durante la temporada seca, tendrá que ser incorporada a la tarifa y pagada por el abonado. Las inversiones serán garantizadas por el monopsonio de ley que tendrá el ICE.
3. Apertura plena en régimen de competencia. (Expediente N.° 17666). Esta es la propuesta de la Administración Arias y que actualmente se encuentra prácticamente congelada. En ese proyecto se pretendía la apertura de los mercados tanto de generación como de distribución eléctrica, pero dentro de un régimen de competencia mediante concursos públicos regulados por la Aresep para la contratación de la energía por producirse en el futuro, sin encarecer ni afectar la que ya se está produciendo a un menor costo.
El proyecto tenía como objetivo primordial la protección económica del abonado, sin dejar de lado el estímulo y la protección a la cuantiosa inversión de largo plazo en plantas eléctricas y en mejoras a la red de transmisión y distribución. Las cuantiosas inversiones para la expansión de la generación eléctrica tendrían como garantía únicamente la apertura de un mercado competitivo tanto a lo interno como a lo externo. En este cambio de modelo se estimula la generación de más bajo costo como la del despacho prioritario y base, y a la de mayor costo para el despacho contingencial, de emergencia, a horas pico o de último minuto. En ese modelo el más beneficiado es el abonado por cuanto se le garantiza una mayor estabilidad en tarifas eléctricas, gracias al permanente excedente productivo que se lograría, y a la competencia entre generadores con base en un menor costo de producción y de operación.