No ampliar la ruta 27 nos cuesta un ojo de la cara

La empresa a cargo presentó al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) una propuesta preliminar para ampliar la carrera desde Escazú hasta Pozón de Orotina en el 2014. Pasaron cinco años sin que nada ocurriera, se formaron comisiones técnicas para analizar la propuesta y el MOPT, el Conavi, el Lanamme, el CFIA y otras instancias hicieron observaciones, pero no fueron atendidas por el CNC.

Gracias a un cambio de visión con respecto a las concesiones, fue posible coordinar con Globalvia en el 2019 para reanudar la negociación y para ello se establecieron los alcances técnicos de los estudios que debía realizar para un anteproyecto que abarcara esta vez la totalidad del trayecto concesionado, es decir, desde el Gimnasio Nacional, en Sabana, hasta Caldera.

Asimismo, una vez aprobados los estudios técnicos, de demanda y costos, la concesionaria debía elaborar el modelo económico-financiero que sustentara el incremento en las tarifas, la ampliación del plazo de la concesión y, de ser necesario, una propuesta de aporte estatal para contrarrestar el efecto del aumento de los peajes.

Todo esto se produjo a finales de la anterior administración en la Secretaría Técnica, mas no en la Junta Directiva del CNC. Faltó negociar algunas condiciones estipuladas en el contrato, tales como la revisión de la tasa interna de retorno (TIR) de la concesionaria, la flexibilización y actualización de la tasa de descuento que se aplica para calcular el valor presente de los ingresos de la concesión y aspectos medulares en la actualización de normativa técnica para determinar el cumplimiento de la concesionaria y el régimen sancionatorio.

Por ello, el avance en la negociación con Globalvia fue de un 80 %, pues la parte que demandaba más tiempo y esfuerzo de revisión se completó. El proceso condujo a una reducción del costo estimado por la concesionaria por el orden de $130 millones, esto es, un ahorro del 20 %.

En lugar de analizar los avances, solicitar a los funcionarios y supervisores que participaron en las negociaciones las aclaraciones y proseguir con el proceso, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, plantea opciones inviables y prácticamente detuvo todo.

¿Cuál es el costo para el país de cada día que no se amplía la ruta 27? Haciendo unos números gruesos para tener una idea de la magnitud y partiendo de los datos proporcionados por el estudio de demanda y encuestas realizadas para el ensanchamiento de la carretera, así como de la información suministrada por el Lanamme y de los precios de los combustibles, se pueden hacer cálculos para determinar el costo diario del desperdicio en combustibles y tiempo de los usuarios atrapados en presas, además de un cálculo somero de costo por accidentes de menor cuantía atribuibles al congestionamiento: ¢18,6 millones en combustibles, ¢1,9 millones en mantenimiento, ¢1 millón por accidentes menores, ¢25,5 millones en tiempo perdido de los conductores. Para un total de ¢47 millones diarios.

El aproximado que nos damos el lujo de perder alcanza los $31,2 millones cada año, lo cual equivale a casi el 50 % de los ingresos por tarifas que registra la ruta 27, sin contar el impacto negativo en el producto interno bruto (PIB) y otros costos asociados a la calidad de vida de los usuarios.

Queda clara la necesidad urgente de proseguir con el proceso de ampliación, porque de lo contrario cada día que pasa nos cuesta un ojo de la cara.

jmsaenzs@yahoo.com

El autor es ex secretario técnico del CNC.