Opinión

La necesidad de una regla fiscal constitucional

Actualizado el 14 de febrero de 2017 a las 12:00 am

Al igual que en una familia, en el sector público no debe gastarse lo que no se tiene

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La necesidad de una regla fiscal constitucional

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Hoy parece existir un consenso sobre el papel del sector público: debe alcanzarse un balance, porque no es bueno que haya un sector público insuficiente, ni tampoco que sea excesivo. Y, además de ser suficiente, el sector público debe ser eficiente. Sin embargo, es obvio que nuestro sector público padece problemas de tres tipos. Hay obsolescencia de instituciones, que ya nadie sabe qué hacen. Hay duplicidad –incluso multiplicidad– de entidades para hacer lo mismo o algo muy parecido. Hay, también, mucha ineficiencia en el gasto.

El resultado es más gasto, más déficit y menos resultados. Desgraciadamente, este gobierno, según expresa declaración del presidente, Luis Guillermo Solís, renunció a reformar el Estado.

Lo suyo son los impuestos: más ingresos sin hacer un verdadero esfuerzo por el lado de los gastos. Esa no es una buena ecuación.

Por eso, desde la oposición legislativa formulamos una Agenda de Responsabilidad Fiscal que incluye leyes para mejorar la recaudación y combatir la evasión, fortalecer el sistema de caja única del Estado, racionalizar el gasto en pensiones con cargo al Estado, moderar el sistema de pluses que componen la remuneración de los empleados públicos y combatir el contrabando y la defraudación.

La mayoría de esos proyectos de ley han avanzado –algunos ya son leyes– y otros, debilitados o no en su concepción original, avanzan hacia una decisión final.

Pero todas esas iniciativas no lograrán el efecto deseado si no se crea, constitucionalmente, una norma superior que imponga a los políticos de turno en el ejercicio del poder, límites y condiciones al incremento en el gasto público. Hoy estamos en una grave situación fiscal precisamente por la irresponsabilidad con que se ha manejado el gasto público durante la última década.

¿De qué serviría hacer ahora un gran esfuerzo para solucionar el problema fiscal si no adoptamos medidas para prevenir esas conductas irresponsables y garantizar que habrá un equilibrio fiscal sostenible y duradero?

Vacuna fiscal. Por eso es necesario establecer constitucionalmente una especie de vacuna frente a la irresponsabilidad política en el manejo de la hacienda pública.

En lo fundamental, la reforma constitucional que hemos propuesto busca establecer que cuando haya un déficit igual o superior al 3% del PIB o un endeudamiento público equivalente al 60% del PIB o más, el presupuesto ordinario y el extraordinario de la República deban recibir el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados –hoy se puede aprobar con mayoría simple– y que, junto con la autorización de gasto, la ley de presupuesto contenga disposiciones que hagan volver gradualmente a una situación de normalidad fiscal.

Eso incluye la obligación de las autoridades de limitar los gastos no esenciales, establecer porcentajes de subejecución que no pueden discriminar programas, limitar la ejecución de exoneraciones o subsidios sin fundamento legal, establecer reglas de contención del crecimiento de la planilla pública y sus remuneraciones y, finalmente, que se prioricen los recursos destinados a la inversión pública.

Además, la Contraloría General de la República deberá advertir a la Asamblea Legislativa, con anticipación a la aprobación de cualquier proyecto, sus implicaciones y efectos en el gasto público.

Hora de responsabilidad. Como se ve, no son reglas draconianas, ni de imposible cumplimiento; son normas de comportamiento racional en la presupuestación, ejecución y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Al igual que en una familia, en el sector público no debe gastarse lo que no se tiene o no pueda pagarse en el futuro, porque continuar con una conducta manirrota conduce, inexorablemente, a crisis de las que luego es muy difícil y doloroso salir.

La Agenda por la Responsabilidad Fiscal, propuesta por la Unidad Social Cristiana y apoyada por siete de las nueve fracciones parlamentarias que forman la Asamblea Legislativa, debe ser coronada por la aprobación de esta reforma constitucional que nos evitará muchos problemas futuros y nos ayudará a tener un sector público suficiente pero, también, eficiente y responsable.

El autor es diputado del PUSC.

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