EscucharEn el periódico La Nación de 16 de junio , la presidenta del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), Sonia Marta Mora, se refirió tendenciosamente a la acción de inconstitucionalidad presentados por la Universidad de La Salle y admitida por la honorable Sala Constitucional.
La Universidad, dirigida por la comunidad lasallista, aclara ante la opinión pública algunas inexactitudes expresadas por la señora presidenta del Sinaes.
Ella dice que las acciones interpuestas por la Universidad de La Salle “ilustran muy bien el temor de algunos a la exigencia de calidad en materia educativa”. Queremos reafirmar que estamos a favor de la más alta calidad educativa que permite pasar radicalmente de la enseñanza al aprendizaje, formando profesionales exitosos pero con una profunda conciencia social.
Estamos a favor de la docencia y la investigación al servicio de la extensión y el compromiso social; finalmente, estamos a favor de que las universidades adopten e implementen sistemas continuos de evaluación y de acreditación.
También reafirmamos que estamos contra el monopolio creado a favor del Sinaes, que es una institución estatal, porque nos impide elegir a las mejores agencias acreditadoras del mundo. Esa ley obliga a acreditarse únicamente con el Sinaes.
El hecho de que en el Consejo Nacional de Acreditación haya representantes de las universidades privadas no elimina la figura de monopolio estatal porque el Sinaes es un ente público y todos son funcionarios públicos. Por culpa de ese monopolio, no se tiene otra posibilidad de ser acreditados por agencias acreditadoras de primer orden de los países más avanzados.
Preguntémonos, ¿es conveniente que el Sinaes sea una institución oficial y que sea quien únicamente tenga la potestad de emitir la norma académica nacional de calidad? Nosotros reclamamos una vez más nuestro derecho a elegir la agencia acreditadora que nos parezca más competente; entre las más sobresalientes en este campo.
La señora Mora indica que “la adhesión de las universidades al Sinaes, es un acto voluntario de cada una y no una decisión impuesta”. Sin embargo, en la Ley 8798, artículo 4, se compulsa a acreditarse con el Sinaes porque permite al Estado contratar a graduados de carreras acreditadas por el Sinaes con privilegio sobre los graduados de todas las obras universidades; aunque estén en igualdad de condiciones. Esto es claramente una discriminación odiosa. Queremos que todos los estudiantes graduados de universidades legalmente reconocidas en Costa Rica tengan el mismo trato ante la ley.
Otra manera de discriminación que advertimos es el costo oneroso del proceso de acreditación, unilateralmente definido por los funcionarios públicos del Sinaes, el cual asciende para nuestro caso en más de $200.000, monto que tendría que trasladarse al estudiantado pues la Universidad opera al costo.
Reiteramos que estamos a favor de la acreditación, pero nos preocupa el avance de la ideología de la acreditación monopólica estatal que se quiere imponer en Costa Rica, la cual impide la acreditación en las más afamadas universidades, líderes de la investigación y del progreso académico.
Las 76 universidades de La Salle en los cinco continentes del mundo hemos construido un nombre y un prestigio fundamentado en la calidad educativa y es a partir de ello que hemos asumido el reto de preservar ese legado de compromiso con la educación superior al servicio de la sociedad.
Manifestamos que confiamos plenamente en la Sala Constitucional, por eso hemos recurrido a ella para que dirima este conflicto. Demás está decir que aceptaremos el fallo que emita.
José Julián Ruiz, representante legal del Consejo Universitario de la Universidad de La Salle
